Bolaños, ministro de Justicia y Notario Mayor del Reino compareció ante los medios de comunicación el 7 de marzo en el patio del Congreso para anunciar la buena nueva: amnistía habemos, gracia a la cuál Sánchez podrá alargar unos meses su estancia en La Moncloa. La Proposición de Ley Orgánica de Amnistía (PLOA) fue registrada por el grupo socialista (PSOE-PSC) en el Congreso el 13 de noviembre pasado, en vísperas de la investidura de Sánchez, tal y como exigía Junts para contar con el voto favorable de los 7 diputados en tan infausto trance. Aunque redactada por representantes del PSOE-PSC, Junts y ERC al alimón en Bruselas, Ginebra, Barcelona y Madrid, la Proposición no superó la primera prueba el 30 de enero en el Congreso y tuvo que pasar por el departamento de cirugía plástica para asegurar que ningún delincuente procesista pueda ser acusado de traición y terrorismo y llevado ante los tribunales. Ultimado el engendro legal, Bolaños se felicitaba a sí mismo como artífice principal de la hazaña y es que para este sujeto abolir los delitos de quienes cuestionan nuestro Estado de Derecho constituye un logro histórico.
En efecto, esta ley viene a borrar los delitos cometidos entre el 1 de noviembre de 2011 y el 13 de noviembre de 2023 por quienes utilizaron las instituciones de autogobierno de Cataluña para organizar y financiar un golpe de estado que se consumó con la aprobación en el Parlamento el 27 de octubre de 2017 de una resolución que daba por constituida la república catalana independiente e instaba al gobierno de la Generalidad a adoptar las medidas necesarias para hacerla efectiva, así como de todos los ciudadanos que incurrieron en delitos contemplados en el ordenamiento jurídico relacionados directa o indirectamente con el proceso independentista entre esas dos fechas. La Proposición tramitada por la vía de urgencia y enmendada a última hora para satisfacer las exigencias de Junts resultó aprobada en el pleno extraordinario celebrado en el Congreso el 14 de marzo con 178 votos a favor y 172, una mayoría ramplona que pone en evidencia la falta de consenso entre los representantes de los ciudadanos españoles sobre la idoneidad de la norma.
Una mayoría ramplona que pone en evidencia la falta de consenso entre los representantes de los ciudadanos españoles sobre la idoneidad de la norma
Flaco servicio hacen Sánchez y Bolaños a nuestro Estado social y democrático de Derecho al comparar la Ley Orgánica de Amnistía aprobada el 14 de marzo con la Ley de Amnistía aprobada el 15 de octubre de 1977 que recibió un respaldo casi unánime del Congreso: 296 votos a favor, 18 abstenciones y 2 votos en contra. La comparación ofende no sólo por la diferencia en el respaldo alcanzado. El propósito de la Ley de Amnistía de 1977 era borrar algunos actos tipificados como delitos por el ordenamiento franquista, por lo que situarlos en el mismo plano con los tipificados en la LOA se están equiparando las instituciones configuradas por la Constitución de 1978 con las del Estado franquista, y se están asimilando las decisiones adoptadas por los tres poderes del Estado, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, para atajar el golpe de Estado y juzgar los delitos perpetrados durante el proceso secesionista en Cataluña con las del gobierno y tribunales de la dictadura. En suma, un auténtico dislate que socava los fundamentos de nuestro Estado de Derecho, deslegitima la labor de nuestras instituciones democráticas durante 14 años y premia a los delincuentes.
Para justificar la aprobación de esta ley ‘histórica’, un tenso y nervioso Bolaños apeló en su comparecencia a otros dos argumentos: la perfecta constitucionalidad y adecuación al derecho europeo de la LOA y su papel como instrumento para restablecer la normalidad institucional, política y social en Cataluña. En relación con el primero, la novedad añadida por el notario menor del reino a las deslavazadas justificaciones recogidas en el Preámbulo de la propia LOA es que el borrador filtrado del dictamen que estaba preparando la Comisión de Venecia “avala la ley de amnistía”, una afirmación gratuita puesto que la Comisión ni siquiera conocía en ese momento el texto enmendado y finalmente aprobado en el Congreso. Aludió también Bolaños a que el citado borrador da cuenta de que 54 países en Europa han permitido amnistías, incluidos 12 países que en sus constituciones no mencionan expresamente la posibilidad de otorgarlas, eludiendo referirse a la naturaleza, momento y alcance de estas amnistías como se sugiere en el borrador de la Comisión.
Un auténtico dislate que socava los fundamentos de nuestro Estado de Derecho, deslegitima nuestras instituciones y premia a los delincuentes
¿Qué cabe decir al respecto? Conviene, antes de seguir, aclarar que la Comisión no había publicado ningún documento en ese momento, salvo la traducción al inglés de la PLOA antes de ser enmendada y votada. En cuanto al fondo del asunto, lo primero es negar la mayor: la Comisión no avala la constitucionalidad de la Ley Orgánica de Amnistía entre otras cosas porque, como apunta la propia Comisión, esa no es su función. Sí podría decirse que la Comisión avala la utilización de este mecanismo en términos genéricos “por razones de reconciliación social y política” siempre que se empleen métodos y procedimientos coherentes. ¿Ha sido así en el caso de la LOA? No lo parece, puesto que la propia Comisión apunta que la PLOA “ha provocado una profunda y virulenta división en la clase política, en las instituciones, en el poder judicial, en el mundo académico y en la sociedad de España”, y aconseja a todas las autoridades a tomarse “el tiempo necesario para entablar un diálogo significativo”, desaconsejando en todo caso utilizar procedimientos acelerados para aprobar normas de esta naturaleza. Notario Mayor: no engañe al personal. El dictamen final de la Comisión conocido el 15 de marzo vuelve a poner el foco en las deficiencias ya comentadas y en ningún caso puede considerarse, como dijo Bolaños, que avala una ley redactada a instancias del prófugo, tramitada por la vía de urgencia que plantea dudas sobre su “ámbito material y temporal de aplicación” y no cuenta con el respaldo de una mayoría amplia en el Congreso.
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En cuanto al segundo argumento, a saber, que la aprobación de la LOA permitirá, como el bálsamo de Mirabrás, dejar atrás la confrontación vivida en Cataluña entre el 1 de noviembre de 2011 (por utilizar la fecha inicial de aplicación de la amnistía) y el 13 de noviembre de 2023 (víspera de la investidura de Sánchez) y recuperar la normalidad política, institucional y social, lo mejor que puede decirse es que estamos ante una pretensión más bien ilusoria. Mientras Patxi tronante afirmaba que con esta ley “acaba el tiempo de la confrontación” y “España, lejos de romperla, la unimos y vertebramos”, las alborozadas portavoces de Junts y ERC avisaban a los socialistas que la amnistía no era un punto de llegada sino de partida hacia la autodeterminación e independencia. No lo duden, este será el principal reclamo de ambos partidos en las elecciones autonómicas convocadas por Aragonés nada más aprobarse la LOA. De momento, Sánchez se ha quedado en cueros y ha tenido que renunciar a negociar los Presupuestos Generales del Estado con ambas fuerzas políticas.
Las alborozadas portavoces de Junts y ERC avisaban a los socialistas que la amnistía no era un punto de llegada sino de partida hacia la autodeterminación
Mal cumple Bolaños con sus funciones de Notario Mayor al dar por ciertos hechos que son patentemente falsos o presentar como tales esperanzas ilusorias que los líderes de Junts y ERC han tirado por tierra nada más aprobarse la LOA. Uno no puede dejar de preguntarse cómo se reparten los beneficios y costes de la negociación del PSOE-PSC con Junts y ERC que ha culminado en esta ignominiosa LOA. Empecemos por los ganadores. Los partidos del prófugo y Junqueras han logrado la amnistía ‘integral’ como exigían y pueden dar gracias a Sánchez (no lo harán) por haberles sacado del pozo en que se encontraban. Mucho más exiguos son los beneficios que va a cosechar el PSOE de Sánchez: prolongar unos semanas o meses más su agonía. En cuanto a los perdedores, hay pocas dudas: todos los ciudadanos que, pese a todas las miserias políticas, seguimos reivindicando la concordia como instrumento político, la concordia que posibilitó la tras la muerte de Franco la Transición y su legado el Estado social y democrático de Derecho, hoy puesto en tela de juicio por la amnistía impulsada por un gobernante irresponsable.
Clemente Polo Andrés es Catedrático Emérito de Economía 2020-2024 de la Universidad Abat Oliba CEU
