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La legislatura no está blindada (bis)

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una imagen de archivo (Europa Press).

Así se titulaba mi artículo publicado en este diario el pasado 11 de noviembre y cada día que pasa mi augurio cobra mayor fuerza a pesar de los torvos esfuerzos del doctor Sánchez por ignorar su derrota en las urnas, a pesar de las humillantes idas y venidas de sus emisarios a Bruselas y Barcelona para acordar una Ley Orgánica de Amnistía (LOA) a medida del prófugo y demás golpistas para ser investido presidente, a pesar de su utilización vicaria del Congreso para poner en marcha una comisión de investigación cuyo único objetivo es evadir las responsabilidades políticas de su gobierno en la funesta gestión de la pandemia y confundir a un electorado anestesiado con sus continuos engaños. No deja de ser sorprendente que algunos ciudadanos, cada vez menos es cierto, sigan respaldando en las urnas a un hombre al que ni un solo líder socialista histórico respalda en su locuaz huida hacia adelante.

Había pocas dudas de que Sánchez podía atar su investidura haciendo concesiones a Junts, a ERC, a EH Bildu y al PNV, concesiones que avergüenzan a cualquier demócrata consciente de que la política va más allá de retener el poder a cualquier precio haciendo saltar las costuras del orden constitucional, una tarea a la que el esforzado letrado del Banco de España y ahora experto en exhumaciones aplicó su torpe pluma para tratar de convencernos de que la amnistía es completamente constitucional después de haber sostenido con igual rotundidad lo contrario. Pero han bastado apenas tres meses desde aquel patético 16 de noviembre en que Sánchez salió investido para comprobar que los apaños alcanzados con quienes se jactaron de no respetar el orden constitucional mientras ostentaban la máxima representación del Estado en Cataluña -y nunca han expresado intención alguna de hacerlo en el futuro- iban a resultar muy difíciles de implementar.

Exhumar físicamente a Franco enterrado en noviembre de 1975 ha resultado más sencillo que exhumar políticamente al prófugo huido de España tras declarar la independencia de Cataluña el 27 de octubre.  Y la razón es muy simple: la amnistía al prófugo y demás golpistas y terroristas al frente del proceso de secesión choca frontalmente con la Constitución Española y deslegitima las actuaciones de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de España para poner fin a la situación creada cuando el Parlamento de Cataluña aprobó la resolución de declaración de independencia y la puesta en marcha de la Ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República. Resulta simplemente grotesco pensar que el gobierno de España y el Senado se inventaron una situación para justificar la destitución del gobierno de la Generalidad y disolver un Parlamento de Cataluña -controlado por ERC y CDC,  madrastra del PdECat y abuelita de Junts- y que el Tribunal Supremo se inventó unos delitos al margen del Código Penal y condenó arbitrariamente a los líderes secesionistas. No, no fue así y hasta el propio Sánchez recordó que él traería a España al prófugo y lo sentaría en el banquillo. Ahora no vale decir que no hubo delitos. Los hubo, sin ninguna duda, y lo que sí puede hacer el gobierno fue lo que hizo Sánchez en 2022: indultar (pese a los reparos del Tribunal Supremo) a quienes fueron juzgados con todas las garantías y condenados. A nadie puede extrañar que sean tan pocas las personas y los juristas, siempre en el entorno de Sánchez, que defiendan lo indefendible: borrar los delitos y acusar a quienes los detectaron, examinaron y juzgaron.

Exhumar físicamente a Franco enterrado en noviembre de 1975 ha resultado más sencillo que exhumar políticamente al prófugo huido de España tras declarar la independencia de Cataluña el 27 de octubre

Las dificultades crecen por doquier para el prófugo y para Sánchez, su rehén cautivo en La Moncloa. La Eurocámara le retiró la inmunidad parlamentaria el 8 de marzo de 2021 y el Tribunal General de la UE ratificó la decisión el 5 de julio de 2023, y su situación está pendiente de que el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) confirme esa decisión. El dictamen elaborado por la Comisión de Venecia sobre la amnistía deja muy claro que si bien «las amnistías están motivadas por razones de reconciliación social y política» deben salvaguardar el imperio de la ley y la seguridad jurídica. La Comisión considera inapropiado recurrir a los procedimientos legislativos acelerados «para adoptar leyes de amnistía, dadas sus consecuencias de largo alcance», aconseja establecer criterios generales y «acotar y definir de manera más precisa el ámbito material y temporal de aplicación de la amnistía para hacer más previsibles sus efectos», y recomienda sean aprobadas por «una mayoría cualificada superior a la mayoría absoluta (la mitad más uno)», como, por cierto, ocurrió con la Ley de Amnistía de 1977. Y subraya, por último, que «se debe confiar al poder judicial la decisiónde si personas específicas cumplen los criterios generales».

Pues bien, la  amnistía aprobada por Sánchez a instancias de los golpistas obtuvo una mayoría exigua, 178 votos a favor y 172 en contra, en el Congreso e incumple el resto de condiciones al haber sido tramitada por el procedimiento de urgencia y no respetar el  imperio de la ley ni proporcionar seguridad jurídica al amnistiar actos (como la malversación de fondos públicos y realización de actos terroristas) genéricos durante un período de tiempo prolongado calificados como delitos en los ordenamientos jurídicos español y europeo. Reynders, no sólo pidió información adicional al gobierno español sobre «el ámbito de aplicación personal, material y temporal de esta ley [de amnistía] prevista», una acción calificada como insólita por el subdirector de un diario afecto al régimen sanchista, sino que confirmó hace unos días en respuesta a una pregunta formulada por los eurodiputados de Ciudadanos, que la aplicación de la amnistía quedaría en suspenso hasta que el TJUE «resuelva las cuestiones prejudiciales que le planteen los tribunales nacionales». Así que si un tribunal español plantea una cuestión prejudicial, como ocurrirá con toda seguridad en el caso de la LOA, la normativa comunitaria «exige suspender el procedimiento pendiente ante el órgano jurisdiccional remitente a la espera de la respuesta del Tribunal de Justicia», concluye Reynders.

El prófugo puede dar ya por descontado que incluso si el Congreso aprueba la LOA tras su previsible rechazo en el Senado, le quedan bastantes meses por delante en el exilio, con independencia de los resultados que obtenga su partido en las elecciones autonómicas del 12 de mayo y en las elecciones europeas en junio. Pero lo más interesante es que ese compás de espera abre la puerta a que el TJUE confirme la retirada de su inmunidad como europarlamentario y pueda ser reclamado por la justicia española. Sánchez prometió en el Congreso traerlo a España para juzgarlo y pese a todos los esfuerzos que ha hecho desde entonces para incumplir su promesa, todo apunta a que va a fracasar en su intento de amnistiarlo y propiciar su regreso triunfal a Cataluña para recuperar lo que le fue ilegítimamente arrebatado: la presidencia del gobierno de la Generalidad de Cataluña. Ni las argucias de Sánchez y Bolaños van a permitirle regresar del exilio como un héroe capaz de doblegar al Estado.  

Buena prueba del escaso alcance político y jurídico de los acuerdos alcanzados por el PSOE-PSC con Junts y ERC y el largo y tortuoso recorrido que aguarda a la implementación de la LOA en los tribunales es que el gobierno de Sánchez ha renunciado ya a presentar los Presupuestos Generales del Estado, una iniciativa imprescindible para dar la sensación de que la XV Legislatura tiene recorrido y el gobierno de Sánchez se encuentra en condiciones de abordar los problemas sociales y económicos de los ciudadanos. Y como no se va a implementar la amnistía a corto y medio plazo y se puede dar por agotada antes de iniciarse. La caída de Sánchez es inminente y la mayoría de ciudadanos, bien tengan inclinación socialdemócrata bien de centroderecha, contemplamos con alivio el fracaso del mayor ataque al orden constitucional perpetrado por dos partidos, PSOE y PSC, que han rebajado la política a una lucha descarnada por controlar todas las instancias del Estado con el único propósito de mantenerse en el poder.

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