El candidato de Junts a la presidencia de la Generalitat y prófugo de la Justicia, Carles Puigdemont, lleva 150 días esperando a que el ministro de Interior, el socialista Fernando Grande-Marlaska, autorice que le sea designado un servicio de escolta. Servicio que el Estado ya rechazó en 2018 por considerar que el fugado no tenía la condición de autoridad pública y que volvió a solicitar el pasado mes de noviembre, cuando PSOE y Junts alcanzaron el acuerdo para sacar adelante la ley de amnistía. Según recoge La Vanguardia, el escollo ahora es la Abogacía del Estado, a la que Marlaska encargó el informe pertinente pro sin plazos. Y este organismo, de momento, no se ha pronunciado.
Cuando en 2018 le fue denegada esta protección, el entonces conseller de Interior, Miquel Buch, decidió que fuera la Generalitat la que se hiciera cargo del servicio. Una decisión que le ha costado una condena a prisión de 4,5 años y 20 de inhabilitación por los delitos de malversación y prevaricación. También ha sido condenado por este motivo el que fue designado como escolta de Puigdemont, el sargento de los Mossos Lluís Escolà, al que la Audiencia de Barcelona condenó a cuatro años de prisión y 19 de inhabilitación.
Ante esta situación, el actual titular de este área, el republicano Joan Ignasi Elena, ha preferido no correr riesgos y, si bien ha intervenido ante el Gobierno para que le sea asignado este servicio de escolta a Puigdemont, no ha puesto escolta a Puigdemont a cargo de la Generalitat. Elena se reunió en enero con el ministro Marlaska y, según La Vanguardia, le planteó esta cuestión porque «estaba obligado a ello». Marlaska le explicó que estaba esperando el informe de la Abogacía del Estado y, hasta el momento, nada más se ha conocido de esta cuestión.
