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Las unidades Barnahus de atención a niños víctimas de violencia sexual contarán con 44 nuevos profesionales

La red catalana está formada por 13 establecimientos cuyo objetivo es facilitar la situación a las víctimas

Exterior de una de las Barnahus operativas en Cataluña para la atención de niños y adolescentes víctimas de violencia sexual.

La atención a los niños víctimas de violencia sexual se lleva a cabo en Cataluña a través de las llamadas unidades Barnahus (casa de los niños en islandés). La primera de ellas abrió sus puertas en Tarragona en 2020 y, tras comprobar los buenos resultados de este modelo, el Govern, a través del departamento de Justicia, Derechos y Memoria ha abierto 12 más a las que ahora se han incorporado 44 nuevos profesionales, según ha informado en un comunicado.

«El modelo Barnahus», ha recordado el Govern, «da una atención integral a los niños víctimas de violencia sexual desde un mismo espacio, en el que intervienen coordinadamente profesionales de diferentes departamentos de la Generalitat». Estas unidades, ha explicado la conselleria, «tienen el aspecto de un hogar para que los niños y sus familias las reconozcan como un espacio de seguridad y confianza». En las mismas, un equipo multidisciplinar trabaja a tiempo completo y cuentan con otros profesionales que se desplazan si es necesario o se conectan por videoconferencia «para evitar que la víctima y su familia tengan que recorrer las diferentes instancias que intervienen en estos procesos: comisaría, juzgado, servicio de infancia, centro médico, etc».

Las Barnahus ofrecen a las víctimas y a sus familias un ambiente acogedor.

Evitar demasiadas declaraciones

En las Barnahus disponen de un circuito cerrado de televisión que permite «grabar el testimonio del niño o del adolescente con el objetivo de crear una prueba judicial per-constituida». Esto evita que la víctima «tenga que declarar una media de cuatro veces en diversos lugares y ante diferentes personas».

El nuevo equipo de profesionales está formado por un coordinador del ámbito de la psicología o el trabajo social; 26 diplomados en trabajo social (de los equipos de asesoramiento técnico penal y de las oficinas de atención a las víctimas del delito) y otros 13 psicólogos, además de dos médicos forenses, un diplomado en Salud Pública y un administrativo.

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