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12-M: servicios públicos y pactos postelectorales

Papeletas de elecciones en su sobre Foto: Europa Press

Dediqué mi artículo de la semana pasada a tres asuntos que consideraba iban a jugar un papel importante en las elecciones autonómicas en Cataluña: amnistía, financiación e inmigración. No andaba muy desencaminado a la vista de lo ocurrido en el debate televisivo entre los candidatos de las ocho formaciones con representación en el Parlamento de Cataluña celebrado en TVE el 2 de mayo. Aunque es cierto que el primer bloque del debate estuvo dedicado a analizar el estado de los servicios públicos, el sistema de financiación y las infraestructuras ocuparon el segundo bloque y el tercero estuvo dedicado a la amnistía y al futuro político de Cataluña. Para cubrir el hueco dejado la semana pasada, voy a dedicar este artículo a resumir lo que los candidatos nos dijeron sobe la situación de los servicios públicos y los posibles pactos poselectorales que ocupo el cuarto bloque y en el que ninguno de los candidatos quiso mojarse.

¿Han mejorado los servicios públicos en Cataluña?

Aragonés (ERC) defendió la gestión desplegada por su gobierno -tenemos más sanitarios, más profesores y más mozos, y hemos topado el precio de los alquileres- y reprochó a Junts y a los Comunes-Sumar su falta de respaldo a unos presupuestos que podrían haber ayudado a seguir mejorando los servicios públicos. Rull (Junts) achacó su empeoramiento desde que Junts dejó el gobierno de la Generalidad, no a la falta de recursos, sino a la mala gestión y falta de liderazgo, poniendo el foco en los “demoledores” datos del último informe Pisa y los ataques de ERC a la escuela concertada, llegando en el colmo de la hipocresía a reprochar a ERC utilizar la educación con fines ideológicos al tiempo que reafirmaba su compromiso inquebrantable con la inmersión lingüística. Carrizosa (Ciudadanos) dedicó también buena parte de sus tres minutos al fracaso del modelo educativo que achacó a la inmersión lingüística, piedra angular del sistema educativo respaldado sin fisuras por CiU, PSC, ERC, Junts y los Comunes, y apuntó a la responsabilidad de los gobiernos de Aznar y Rajoy por dejar en un cajón los informes de la Alta Inspección.

Illa (PSC) habló de diez años perdidos con los gobiernos presididos por Mas, Puigdemont, Torra y Aragonés, y prometió aumentar las plantillas de servidores públicos, incluidos mozos de escuadra, completar la gratuidad de las guarderías (0-3 años) y construir 200.000 viviendas en siete años para cerrar el déficit actual. Fernández (PP) calificó también los últimos 10 años como una década perdida que ha traído a Cataluña no la independencia sino la decadencia y ha empeorado los servicios públicos, reprochó al candidato del PSC haber apoyado las políticas fracasadas del gobierno de Aragonés, para concluir que resulta “imprescindible abrir una etapa nueva en la que no pueden participar los mismos que nos han llevado a este atolladero”. Garriga (VOX) apuntó también a la mala gestión de los gobiernos tanto de Junts y el PSC, focalizando su intervención en el aumento de la inseguridad en Cataluña, una cuestión sobre la que volvió una y otra vez a lo largo del debate, viniera o no a cuento.

Albiach (Comunes-Sumar) reprochó también a Aragonès su autocomplacencia y el pacto secreto con Illa para impulsar el proyecto HardRock, reiterando la disposición de Comunes-Sumar a formar parte de un gobierno que mejore y extienda los servicios públicos a nuevos ámbitos (Odontología), sin molestarse en explicar cómo piensan hacerlo. Estrada (CUP-DT) centró su intervención en el estado de la sanidad pública y achacó su desmantelamiento, las listas de espera desbordadas y la falta de reconocimiento del personal sanitario a los recortes aplicados por los gobiernos de CiU que no se han revertido, olvidando mencionar que alguna responsabilidad tendrá la CUP que respaldó los gobiernos de la coalición Junts pel Sí entre 2015 y 2017, posibilitó el acceso de Torra a presidir el gobierno de la Generalidad en 2018, y sólo se negó a negociar los presupuestos de Torra no porque la CUP le preocuparan los recortes de servicios públicos, sino por considerar prioritario “recuperar músculo” en las calles, y mantener “el espíritu del 1 y el 3 de octubre”, al parecer traicionado por Torra.

¿Más competencias y recursos o mejor gestión?

Nadie puede esperar que alguien pueda hacer en tres minutos un diagnóstico medianamente serio sobre asuntos tan complejos y variados como la situación de la sanidad, la educación, la seguridad y la vivienda en Cataluña. Me temo que el espectador se marchó a la cama sin saber mucho más de lo que ya sabía sobre la gravedad de las deficiencias que presentan los servicios públicos, apuntadas por casi todos los candidatos, y las vagas propuestas avanzadas para superarlas. Debería, eso sí, resultarles preocupante que todos los partidos que han estado al frente del gobierno de la Generalidad (CDC-Junts, ERC, PSC, IUiA-Comuns-Sumar) desde 1993 hasta 2024, tres décadas, se culpen unos a otros de la situación actual, lamentable según reconocieron casi todos ellos, y su única receta para resolver los problemas creados mientras gobernaban sea aumentar aún más el gasto público e insistir en ahondar en un modelo de gestión de probada ineficacia y dudosa transparencia, a la luz de los numerosos casos de corrupción aflorados.

Más competencias y recursos para la Generalidad implica más puestos trabajo altamente remunerados en las Administraciones y los organismos públicos controlados por el gobierno en los que situar a políticos y simpatizantes, más control político sobre las empresas proveedoras de bienes y servicios, incluidos los medios de comunicación privados receptores de publicidad institucional, y, a la postre, más impuestos para los sufridos contribuyentes que ya soportan una  presión fiscal superior a la de la mayoría de Comunidades Autónomas. Como ya llamé la atención en otro artículo publicado en este diario hace casi cuatro años, la Generalidad de Cataluña es una Administración sobredimensionada y cara, y antes de seguir aumentando el gasto convendría revisar a fondo sus funciones y la gestión de los recursos.

El gobierno de la Generalidad ha recibido del Fondo de Liquidez Autonómica 142.421.9 millones (32,6 % del total distribuido) entre 2012 y abril de 2024, y ha acumulado una deuda que ascendía a 85.196,2 millones a finales de diciembre de 2023, según el Banco de España, siendo el Estado con un saldo de 74.508 millones su principal acreedor, una deuda que el gobierno catalán no tiene intención alguna de devolver, como demuestra su insistencia para acabar con el supuesto déficit fiscal (22.000 millones) y la supuesta deuda histórica (450.000 millones) contraída por el Estado con Cataluña. Podrán los políticos que han llevado las riendas del gobierno catalán en las últimas décadas (Pujol, Maragall, Montilla, Carod-Rovira, Mas, Junqueras, Torra, el prófugo y Aragonés) apuntarse algunos méritos como el 14-N y 1-O y haber logrado espantar a las empresas de Cataluña, no desde luego el de haber gestionado bien las finanzas de la CA de Cataluña. 

Pactos postelectorales

Hay pocas dudas de que la mejora de los servicios públicos constituye un asunto menor en una elección en la que las encuestas sitúan a Junts y ERC por detrás del PSC. La intención de los dos partidos secesionistas es exprimir al máximo las ubres del Estado mientras tengan cogido a Sánchez por la pernera alta en el Congreso, de ahí la importancia de sopesar con cuidado a quién votamos el próximo 12-M. El PSC se ha mostrado abierto a pactar con los partidos secesionistas un gobierno trasversal presidido por Illa, pero el prófugo ya le ha respondido que naranjas de la China: él es el presidente legítimo de la Generalidad y debe ser restituido en el puesto del que fue arbitrariamente destituido el 27 de octubre de 2017 “para culminar el proceso independentista”. Por ello, votar al PSC nos devolvería a 2003, en caso de acabar pactando con ERC, o nos abocaría a una repetición de lo ocurrido en 2016 y 2017, si Illa, presionado por Sánchez, aceptara investir al prófugo.

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