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El daño ya está hecho, pero el futuro no está escrito

Vista de urnas y papeletas electorales para la convocatoria del 23 de julio.

A la espera de la encuesta definitiva la noche de este domingo, todas las encuestas electorales publicadas (sondeos prohibidos incluidos) coinciden en dar como virtual ganador de las elecciones al PSC, si bien la mayoría de ellos apuntan a que Junts, desbancaría a ERC como primera fuerza secesionista y el prófugo de Waterloo recuperaría el liderazgo perdido tras su vergonzosa huida a Bélgica, pocas horas después de haber proclamado la independencia el 27-O y ordenado a sus consejeros ignorar su destitución e incorporarse a sus despachos oficiales el lunes. Salvo el CIS de Tezanos que confirma una tendencia ascendente del PSC entre las encuestas publicadas el 25 de marzo y el 6 de abril, y otorga todavía un empate técnico a Junts y ERC en la segunda, la mayoría de los sondeos coinciden en que el PSC no ha registrado avances apreciables en las últimas semanas mientras que Junts se le ha ido acercando en número de escaños y ha puesto tierra de por medio con ERC.

El rescate del prófugo

La remontada de Junts constituye una de las peores noticias que podíamos recibir los ciudadanos catalanes que manteníamos todavía viva la esperanza de que el Tribunal de Justicia de la UE ratificara la pérdida de su inmunidad como europarlamentario y pudiera ser extraditado y juzgado como cabecilla principal del golpe de estado perpetrado desde el mismo momento en que fue investido presidente del gobierno de la Generalidad el 10 de enero de 2016 hasta su destitución el viernes 27 de octubre de 2017 (27-O). Que el prófugo de Waterloo pueda regresar a España libre constituye, sin duda, el mayor atentado perpetrado a nuestro Estado de Derecho, puesto que deslegitima a todos los poderes que actuaron para detener el golpe de estado: al gobierno de España y al Senado que lo destituyeron el 27-O, y a los tribunales que instruyeron, juzgaron y sentenciaron a los cabecillas no fugados. Resulta difícil concebir un golpe más grave a nuestras instituciones democráticas que amnistiar y facilitar la vuelta a España de quien lideró, jaleó y financió el proceso de secesión, y no oculta su intención de volver a intentarlo de nuevo,  ahora con menos riesgo personal al haber eliminado el gobierno de Sánchez el delito de sedición y suavizado las penas por malversación en el Código Penal.

La amnistía y el escándalo de las mascarillas (caso Ábalos-Koldo) han lastrado la campaña del exministro de Sanidad de Sánchez y relanzado la campaña del prófugo. Illa se ha visto perseguido por el eco de sus palabras, cuando nos decía a los ciudadanos que “de amnistía y todo eso, nada. Lo repito: de amnistía y todo eso nada”. Tanto los partidos constitucionalistas, Ciudadanos, Vox y PP, como los partidos más beneficiados por la amnistía, ERC y Junts, se han encargado de recordárselo una y otra vez durante la campaña: los primeros, para reprocharle su falta de palabra, y los segundos para desacreditarle cuando afirma que no habrá referéndum de autodeterminación en Cataluña, porque, le recuerdan, acabará por aceptarlo como acabó por aceptar la amnistía. Al candidato del PSC, la presencia de Sánchez en campaña, como les ocurrió a otros barones socialistas, no le habrá ayudado a sacudirse las moscas cojoneras, porque el presidente fue incluso más lejos cuando se comprometió en el Congreso el 4 de noviembre de 2019 “a traerlo [¡al prófugo!] de vuelta a España y que rinda cuentas ante la justicia”. Ahora se confirma que Sánchez pretende traerlo de vuelta a España, no para sentarlo en el banquillo, como prometió, sino para ponerle una alfombra roja.

El bote enviado por Sánchez a Bélgica para salvar al naufrago brindó al prófugo la posibilidad de subirse a bordo, hacerse con el timón de las negociaciones sobre la amnistía y presentarse ante los suyos como el único candidato capaz de tener agarrado a Sánchez por la pernera alta y conducirlos a la tierra prometida. Aragonès y ERC han demostrado su falta de perspicacia política al dar luz verde a la Proposición de Ley Orgánica de amnistía muy pronto, dejando en manos del prófugo todo el protagonismo hasta su aprobación final el 17 de marzo. ¿Qué pueden exhibir ellos para contrarrestar este éxito? Casi nada. ¿El compromiso de Sánchez de condonar 15.000 millones de deuda? ¿Amenazar a Sánchez con no aprobar los PGE si no negocia un sistema de financiación singular para Cataluña? ¿Qué exigirán la celebración de un referéndum pactado si gobiernan? Aragonès y los suyos han perdido unos años preciosos al frente del gobierno de la Generalidad para desacreditar al prófugo y no me extrañaría que se estén preguntado en qué mala hora decidieron adelantar las elecciones autonómicas.

No pierdan la esperanza

Para los catalanes constitucionalistas, el panorama político resulta poco alentador. Si atendemos a lo que pronostican las encuestas, el PP podría sobrepasar la decena de diputados, recuperando parte del terreno perdido tras haber respaldado a Mas entre 2010 y 2012, y Vox mantendría los 11 diputados que obtuvo en 2021. Magro consuelo puesto que la suma de ambos queda muy lejos del total obtenido por Ciudadanos (36) y PP (4) en 2017. Mientras el PSC continúe empecinado en alcanzar acuerdos con partidos abiertamente no constitucionalistas como ERC, Junts y CUP, y una fracción importante de la sociedad catalana siga respaldando al partido que dio el pistoletazo de salida al proceso secesionista entre 2003 y 2010, prestándose a elaborar un Estatuto tan marcadamente inconstitucional que, incluso tras las enmiendas aprobadas en el Congreso, el presidente Maragall llegó a jactarse de que Cataluña “puede hacer lo que quiera, en este momento… y lo haremos”. Y vaya si lo hicieron. Pregunten a Mas, Puigdemont, Junqueras, Torra y Aragonès. No les extrañe, por ello, que decenas de miles de ciudadanos con distintas ideologías hayan firmado un manifiesto pidiendo expresamente no votar a Illa por haber abandonado su partido la senda constitucionalista.

Más allá de los resultados y pactos postelectorales que puedan fraguarse tras el 12-M para controlar el gobierno de la Generalidad, la certeza incontestable es que el constitucionalismo en Cataluña está ingresado en la unidad de cuidados intensivos. El PP, el único partido de centro presente en toda España que nos queda a los catalanes, debería otorgar una alta prioridad y destinar más recursos a reforzar su presencia en Cataluña. Una vez superada la peligrosa situación en que quedó en 2021, con tan solo 3 diputados en un Parlamento de 135, urge diseñar una estrategia a medio plazo para asentarse en Cataluña, porque sin una mayor representación en la tercera CA por población y la segunda por importancia económica resulta muy difícil gobernar España y presentar una alternativa al proceso secesionista que, como acertadamente apuntó Fernández en el debate en TVE, ha traído a Cataluña decadencia en lugar de independencia.

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