La Assemblea Nacional Catalana (ANC) es la entidad civil más destacada del nacionalismo catalán junto a Òmnium Cultural. De un tiempo a esta parte, se ha destacado por su beligerancia contra el constitucionalismo e incluso contra los propios partidos separatistas, a los que considera tibios en su combate contra el «represor Estado español». Además, esta agresividad se ha recrudecido desde la reciente presidencia del cantautor Lluís Llach, alineado con las posiciones de Junts y que ha liderado una intensa campaña para que el socialista Illa no sea investido president, además de contra el «golpe de la judicatura española» contra la amnistía a los autores del procés.
Pero su parte controvertida no se detiene ahí. Según publica el semanario El Triangle, el lobby ultra no ha presentado públicamente sus ingresos económicos desde el 25 de mayo de 2011 —momento de su constitución legal—. En su página web tampoco existe un portal de transparencia —como sí lo tiene Òmnium Cultural— y siempre han declinado las peticiones de los medios para hacer públicas estas cifras. De la misma manera, tampoco han dado a conocer el número de socios. El pretexto de la ANC es que la ley de transparencia obliga a hacer públicos los datos a las organizaciones que reciben más de 100.000 euros de subvenciones, y aseguran que ellos no reciben ninguna.
