El Consell Executiu ha aprobado este martes el proyecto de ley de memoria democrática, que «reforzará las políticas públicas en este ámbito y garantizará una base jurídica sólida para su correcta aplicación», según ha informado el Govern en un comunicado. La norma, impulsada por el Departamento de Justicia y Calidad Democrática, inicia ahora la tramitación parlamentaria correspondiente. En la misma nota, el Govern ha señalado que el acuerdo para validar el texto «ha sido una de las prioridades del actual Govern y refleja el firme compromiso de reactivar y agilizar su trámite en el Parlamento antes de que finalice el año». La propuesta se inició en la legislatura anterior, pero quedó paralizada al terminar esta.
#AcordsDeGovern
📃 Llum verda al Projecte de llei de memòria democràtica. El Govern es compromet amb la memòria democràtica per mitjà del record a la Segona República; en contra de qualsevol dictadura; i es compromet amb la pau contra totes les víctimes de la Guerra Civil. pic.twitter.com/C2mV9J4bMQ— Sílvia Paneque (@SilviaPaneque) December 10, 2024
Sanciones por ensalzar el franquismo
Los ejes principales de la nueva normativa son «el derecho a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición«. En este sentido, el proyecto de ley «pone en el centro a las víctimas de la Guerra Civil y del franquismo y promueve medidas de reparación para todas las víctimas y represaliados de la dictadura». Entre las acciones previstas en la nueva ley se encuentran, ha explicado el Govern, «la inclusión de la perspectiva de género y una visión feminista transversal». Además, se creará un «régimen sancionador para evitar el ensalzamiento del franquismo, la humillación de las víctimas y el expolio en fosas y del patrimonio memorial«. Se regulará también la reparación económica de los represaliados del régimen.
Una vez que la ley entre en vigor, la Generalitat tendrá un plazo de dos años para retirar la simbología franquista de los espacios públicos. Lo mismo sucederá con «distinciones, nombramientos, títulos y honores institucionales otorgados a personas que apoyaron al franquismo». El objetivo final es que «la ley se convierta, por un lado, en un instrumento esencial para proteger los derechos fundamentales y, por otro, en una herramienta clave para promover la igualdad, prevenir la discriminación y fortalecer los mecanismos jurídicos de las administraciones para garantizar la protección efectiva de la ciudadanía en esta materia».
80 artículos
La implementación de la ley permitirá, además, unificar en un único cuerpo legal la legislación vigente, que actualmente se encuentra fragmentada en diversas normas (Ley del Memorial Democrático, 2007; Ley de fosas, 2009; Ley de reparación jurídica de las víctimas del franquismo, 2017). Para la redacción del texto legislativo, y con la voluntad de conseguir una visión global y representativa, se ha contado con la estrecha colaboración de asesores y expertos, de entidades y asociaciones memorialistas y municipalistas, así como de diversos agentes sociales. El proyecto de ley consta de ochenta artículos, estructurados en diez capítulos; quince disposiciones adicionales; una disposición transitoria; una disposición derogatoria; y cinco disposiciones finales.
