La crisis del mercado del alquiler en España es un reflejo de una mala gestión y de una regulación torticera que no ha sabido abordar las verdaderas necesidades del mercado. La Ley de Vivienda aprobada hace algo más de un año, en lugar de proteger a los inquilinos y estabilizar los precios, ha exacerbado la escasez y disparado los precios.
Los precios de los arrendamientos están en máximos históricos. Desde que Pedro Sánchez es presidente el Gobierno los alquileres medios en España han subido un 51%. En algunos barrios de las ciudades de Barcelona o Madrid el incremento es simple y llanamente disparatado. Hasta ocho capitales españolas exigen más del 30% de los ingresos familiares para el pago del alquiler, entre ellas Barcelona, Palma, Málaga, Madrid, Valencia, Alicante, San Sebastián y Las Palmas de Gran Canaria. Con este panorama, no es casualidad que el 65,9% de los jóvenes españoles con edades entre 18 y 34 años residan en el hogar familiar, 13 puntos más que en 2008 y 16 puntos por encima de la media de la Unión Europea.
Cada vez que el Gobierno ha modificado la ley para «favorecer el acceso a la vivienda» ha empeorado aún más la situación. Ídem en determinadas comunidades autónomas donde la hiper regulación, el intervencionismo y la regulación de precios ha acabado por destrozar el equilibrio en el parque de viviendas en España. Cada vez que un gobernante abre la boca en materia de vivienda un propietario retira del mercado de alquiler su vivienda.
Cada vez que un gobernante abre la boca en materia de vivienda, un propietario retira del mercado del alquiler su vivienda
Es obvio que el incremento de precios del alquiler en España se debe a la falta de oferta. En los últimos tres años, la oferta de alquileres permanente se ha reducido un 33%. Por un lado, observamos atónitos cómo las administraciones públicas no ofrecen suficientes viviendas a precios asequibles y, por otro lado, vemos como los propietarios de viviendas se niegan a alquilarlas por la limitación del incremento de las rentas frente al IPC, una regulación de precios que hace poco rentable el arrendamiento, por miedo a sufrir a los inkiokupas u okupas con los que tanto simpatiza el gobierno o a que les destrocen la vivienda sin consecuencias inmediatas para los vándalos.
Es obvio que la legislación española no protege la propiedad privada ni a los dueños de viviendas que podrían ser alquiladas. No ha querido encontrar el equilibrio entre los legítimos intereses de los propietarios y los inquilinos. Se ha limitado a señalar a los propietarios de viviendas y a criminalizarlos de una situación que ellos no deseaban. El Gobierno debe entender que, si no proteges al propietario de inquilinos morosos o incívicos, la oferta de viviendas en alquiler caerá y que, si alguna se alquila, el propietario exigirá mayor rentabilidad para cubrir esos riesgos. Recordemos que en España, el tiempo que debe esperar un propietario para tener una sentencia que permita desalojar a los okupas de una vivienda está al borde de los 24 meses, según el CGPJ.
La limitación de precios en áreas tensionadas en Cataluña también ha invitado a miles de propietarios a no alquilar sus propiedades. Esta cuestión parece que aún no la ha entendido el PSOE que ha registrado una iniciativa en el Congreso con la que insta a las comunidades autónomas a declarar zonas de mercado residencial tensionado. Aún no les ha entrado en la cabeza que nadie en su sano juicio alquilará su vivienda por un precio irrisorio y más aún cuando la legislación le otorga al inquilino todos los derechos del mundo.
La solución pasa por hacer precisamente todo lo contrario a lo que hacen las administraciones públicas socialistas
El panorama no parece que vaya a solucionarse a medio plazo. Lejos de asumir su fracaso, el gobierno socialista busca la solución regulando más aspectos sobre la vivienda. Ahora persigue a los que alquilan habitaciones, a los alquileres temporales y los pisos turísticos. Siguen apuntando con la “pistola” a los propietarios de viviendas para que las cedan a precios de risa y, de paso, machacarlos un poco más con más regulación e impuestos abusivos a través de una nueva empresa pública que acabará de liar aún más la troca.
La solución pasa por hacer precisamente todo lo contrario a lo que hacen las administraciones públicas socialistas: más libertad y menos regulación. Que miren a Buenos Aires, ciudad en la que la oferta de viviendas en alquiler ha aumentado en más de un 170% tras la derogación de todas las leyes intervencionistas y ofreciendo una seguridad jurídica a los propietarios que España no hay.
