La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) ha confirmado en un informe remitido hoy al Tribunal Supremo que Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, eliminó hasta en dos ocasiones todos los mensajes de su cuenta de WhatsApp el mismo día en qué se abrió una causa en su contra por presunta revelación de secretos.
El fiscal general del Estado borró sus mensajes de Whatsapp el mismo día que el juez abrió la investigación contra él pic.twitter.com/E0hMwI0Zw8
— EFEnoticias España (@EFEnoticias_ES) February 10, 2025
Según el informe, el equipo informático de la Guardia Civil ha sido incapaz de encontrar mensajes anteriores al 16 de octubre de 2024 en la aplicación, la cual cosa apunta de todo modo a un borrado intencionado. Asimismo, se ha constatado que su cuenta personal de correo electrónico ha sido también eliminada, dificultando aún más la recuperación de información vital para esclarecer los concretos del caso.
Este informe se desarrolla en la investigación judicial por la presunta filtración de información confidencial relacionada con Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, actualmente invesigado por fraude fiscal. La acusación sostiene que el fiscal general habría colaborado en la filtración de datos sensibles con un posible interés político.
Reacciones
El informe ha desatado una profunda indignación en redes sociales, donde los usuarios y representantes políticos de la oposición ven en el hecho la constatación de malas prácticas por parte del fiscal, acusándole de un intento de destrucción de pruebas.
Cada vez parece más cerca la posibilidad de que el Fiscal General del Estado, como tantos otros colaboradores de Sánchez, acabe en prisión.
— Cristian Campos🇪🇸🇮🇱🇺🇦 (@crpandemonium) February 10, 2025
Luego le indultarán y el Constitucional dirá que amén. pic.twitter.com/fiKUWBdOBi
Ortiz se ha excusado afirmando que el borrado de mensajes es una práctica que lleva a cabo con asiduidad debido a lo sensible de la información que trata en su trabajo, pero la conveniencia de las fechas levanta dudas entre la ciudadanía, que no se creen la versión del fiscal. Esta justificación no ha convencido tampoco al ámbito judicial, que considera que este movimiento plantea serias dudas sobre su imparcialidad y transparencia.
Algunos usuarios han comparado esta situación con otros escándalos políticos recientes y han pedido la dimisión inmediata del fiscal general, al considerar que ha comprometido la credibilidad de la Fiscalía.
