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La percepción de la corrupción sigue al alza en España, según Transparencia Internacional

Retrasos en las macrocausas judiciales sobre corrupción, desmantelamiento de estructuras y no aplicación de directivas europeas, entre las causas

Ranking del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de Transparencia Internacional.
Ranking del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de Transparencia Internacional.

La puntuación de España (56/100) en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2024, publicado este martes por Transparencia Internacional, cae cuatro puntos con respecto al año anterior. Con esta calificación, España se sitúa en la posición 46/180 del ranking global del IPC, junto con Chipre, República Checa y Granada en el mismo puesto, una posición por encima de Fiji (55/180), dos puestos por encima de Omán (55/180) y dos puestos por debajo de Portugal (57/180), que este año también desciende cuatro puntos. España cae así 10 posiciones en el ranking mundial con respecto a 2023, según ha informado en un comunicado Transparencia Internacional.

España, además, también saca peores datos dentro del conjunto de países de la Unión Europea. El país pasa del puesto 14/27 al 16/27, siendo superado por Letonia (59/100) y Eslovenia (60/100) y comparte puntuación con Chipre (56/100) y República Checa (56/100).

«Las políticas anticorrupción no han tenido un progreso sustancial», ha indicado Transparencia Internacional en referencia a España. Según esta entidad, el resultado obtenido por el país en este nuevo examen obedece a «un estancamiento de las políticas anticorrupción en el ámbito nacional» y a «un importante desmantelamiento de ciertas estructuras anticorrupción a nivel autonómico«.

Retrasos en la aplicación de directivas europeas

Transparencia Internacional ha señalado en su comunicado que España sufre un «estancamiento legislativo» que se refleja en cuestiones como «el retraso en la transposición de directivas europeas». Así, «87 directivas siguen pendientes de transposición, 30 de ellas ya se encuentran fuera de plazo, lo que demuestra una demora en la adaptación del marco normativo». Además, «España continúa sin tener una estrategia nacional anticorrupción», a pesar de que está previsto en la Ley 2/2023 de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción. Esta ley está aprobada pero pendiente de desarrollo. A todo esto se suma «la falta de reforma de la normativa de conflictos de interés y un registro censal de lobbies«.

La entidad denuncia otras cuestiones como «una importante demora del sistema judicial en el enjuiciamiento de macrocausas de corrupción, carente de recursos adecuados, un problema agravado por el largo bloqueo que afectó estos años a la renovación del CGPJ y cuyas consecuencias se traducen en la imposibilidad de cubrir las plazas vacantes, al propio funcionamiento del Tribunal Supremo y, en suma, debilitado el sistema judicial en su conjunto».

Cambiar mentes para cambiar estructuras

La presidenta de Transparency International España, Silvina Bacigalupo, ha señalado que «una economía como la española no se puede seguir dando el lujo de no avanzar en las reformas institucionales anticorrupción necesarias que construyen y fortalecen la democracia». «La confianza en las instituciones», ha añadido, «es uno de los elementos esenciales de un Estado de Derecho sólido. Afrontamos tiempos muy difíciles para las democracias en el mundo, en la UE y en España, que deben poner prioridad en las políticas anticorrupción con urgencia».

El director ejecutivo de la entidad, David Martínez, ha añadido, por su parte, que «la prevención y lucha contra la corrupción no puede ser el punto de llegada sino el punto de partida». «La corrupción afecta a los recursos y bienes sociales más básicos y a todas las personas«, ha denunciado, «pero afecta a unas más que a otras. Sin una voluntad real para llevar a cabo reformas sustanciales a nivel institucional, normativo y social, y sin poder garantizar mecanismos de participación efectiva y transparente de la sociedad civil en los planes y procesos de Estado y Gobierno Abierto, España seguirá enfrentando graves dificultades para mejorar su puntuación. Para cambiar estructuras, hay que cambiar primero mentes». (Puede consultar todos los datos sobre Transparencia Internacional en este enlace).

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