Varapalo al Ayuntamiento de Barcelona. El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) da la razón a los promotores del museo Hermitage y tumba la resolución del consistorio para bloquear el proyecto; una medida tomada en 2022 bajo la administración de Ada Colau. La sentencia considera que la negativa municipal carecía de justificación suficiente, respaldando así la postura de los inversores que promovían el centro.
🔴 Última cleca a Colau: el TSJC anul·la el veto de l’Ajuntament a l’Hermitage de Barcelona
— ElNacional.cat (@elnacionalcat) February 19, 2025
➡️ La decisió judicial obre la porta a la reclamació d’indemnitzacions per part dels promotors a l’Ajuntament de Barcelona https://t.co/u1Z4QT2FcV
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Los promotores del proyecto, respaldados por el fondo suizo-luxemburgués Varia, han expresado su satisfacción con el fallo judicial. Sin embargo, debido a la guerra en Ucrania y las sanciones internacionales impuestas a Rusia, es poco probable que el proyecto pueda llevarse a cabo en las condiciones inicialmente previstas, habiéndose perdido así la oportunidad.
En 2022, los promotores reclamaron 141 millones de euros por daños y perjuicios, por lo que ahora, bajo la administración del alcalde Jaume Collboni, podría abrirse una negociación para una posible indemnización, sumando a la inversión perdida el desembolse de fondos públicos para indemnizar a los damnificados, convirtiendo todo el episodio en un grave agujero financiero para las cuentas del consostorio. Los inversores descartan por el momento recurrir a la vía judicial.
L’Hermitage, quina gran oportunitat perduda per a la capital de Catalunya… però què hi farem, des de fa 10 anys la ciutat està governada per una colla d’inútils i incompetents que només s’han dedicat a empobrir-la culturalment. https://t.co/3OaSm4i6JP
— Josep Lluís Alay (@josepalay) February 19, 2025
Esta sentencia revoca una decisión anterior y determina que el Ayuntamiento no tenía derecho a vetar el proyecto, ya que esto constituía una restricción no permitida por la Directiva de Servicios. Una vez que el planeamiento urbanístico permitía un uso cultural en el Edificio Central del Puerto, el consistorio no podía reservarse la decisión sobre qué proyecto específico podía ubicarse allí, lo cual fue avisado en repetidas ocasiones a Colau, que decidió ignorar las advertencias. Esta negligencia deberá pagarla ahora el Ayuntamiento, cuyo presupuesto no deja de estar conformado por el dinero de los ciudadanos.
La sentencia del TSJC no solo cuestiona la gestión urbanística del Ayuntamiento bajo Ada Colau, sino que también evidencia las consecuencias de un partidismo que condicionó decisiones clave para el desarrollo de la ciudad. Su veto al Hermitage, más ideológico que técnico según sus críticos, no solo frenó una inversión millonaria, sino que empujó el proyecto fuera de Barcelona, beneficiando a municipios vecinos. Ahora, con la justicia en contra, el Ayuntamiento podría enfrentarse a una indemnización millonaria, pagando un alto precio por decisiones marcadas más por posicionamientos políticos que por el interés general.
