La Generalitat de Cataluña ha aprobado una nueva normativa de carácter patrimonial que obliga a los propietarios con cinco o más viviendas en zonas tensionadas a registrarse en un censo público, en el que se deben detallar las condiciones y el estado de ocupación de sus inmuebles. Los propietarios que oculten información o no se inscriban, «podrán enfrentarse a sanciones graves«. La medida, aseguran, responde a la iniciatica del Govern de controlar el mercado de la vivienda para aliviar la tensión movilizando pisos vacíos hacia el alquiler social.
🔴 El Govern crea un registre de grans tenidors immobiliaris, que hauran de dir quants pisos tenen
— Públic (@Diari_Public) February 25, 2025
Si els propietaris no faciliten informació a l’administració sobre si els seus pisos estan buits o ocupats, podran ser sancionatshttps://t.co/5vASE0VAUx
Reacciones
La iniciativa ha sido recibida con fuerte oposición en redes sociales y entre economistas y juristas, que alertan de un «ataque directo a la propiedad privada«. En esta ocasión, las secciones de comentarios de los medios que han dado la noticia se han transformado en un hervidero, acumulando contundentes mensajes de rechazo por parte de la ciudadania. Muchos critican que el Govern siga en su empeño de tratar los propietarios como un problema en lugar de incentivar la construcción y la oferta de vivienda. “No pueden gestionar bien la vivienda pública y ahora quieren controlar la privada”, asevera uno de los comentarios más celebrado.
El punto más polémico es, sin duda, a ampliación del derecho de tanteo y retracto, que permitirá a la Generalitat adquirir prioritariamente cualquier vivienda vendida por grandes tenedores, así como anular ventas que se hayan producido antes de que el gobierno haya ejercido su «tanteo», quedándose ellos el inmueble bajo las mismas condiciones. Esto afectará directamente la liquidez del mercado inmobiliario y podría desincentivar la inversión en Cataluña, al suponer un ataque frontal contra la seguridad jurídica que «debe caracterizar un mercado sano y resiliente».
El temor a que estas medidas frenen la creación de riqueza generacional también ha sido un tema recurrente. Propietarios e inversores han señalado que Cataluña se vuelve cada vez menos atractiva para la inversión de inmobiliaria y en construcción, lo que probablemente derivará en un aumento de la escasez de vivienda en lugar de solucionar el problema habitacional.
A ojos de la opinión pública, la medida ha sido recibida como «una solución sesgada», ajena a las cuestiones de fondo del problema de acceso a la vivienda cuyas externalidades en materia de seguridad, garantías legales e inversión desprotegen a los ciudadanos de su patrimonio y frenan de facto cualquier iniciativa para aumentar el parque de vivienda.
