El otro día hablaba con un buen amigo holandés sobre la cosa pública en España. Estaba altamente perplejo con el hecho de que el Gobierno mantuviera y apoyara públicamente a todo un fiscal general del Estado imputado por presunto delito de revelación de secretos para atacar a la pareja de una rival política del PSOE. Procede recordar, para que ustedes valoren su gravedad, que ese delito está penado con hasta cinco años de cárcel en su tipo agravado.
Al holandés no le entraba en la cabeza que, precisamente, aquel que tiene que dar más ejemplo sea presuntamente uno de los más turbios manipuladores dentro del aparato del Estado y que esté a las puertas de ser condenado. Me recordaba que en su país la figura del fiscal general debe ser independiente y actuar con imparcialidad, sin que pueda recibir instrucciones ni órdenes del Gobierno ni de ningún otro órgano administrativo o judicial.
Se supone que una figura de tal importancia debe someterse también al principio de legalidad, y de este modo está obligado a cumplir las normas que entre todos nos hemos dado para promover la acción de la Justicia en defensa de los derechos de los ciudadanos y del interés público. En el caso español, es obvio que García Ortiz es más bien un mamporrero a las órdenes de Su Sanchidad.
Me recordaba que en su país la figura del fiscal general debe ser independiente y actuar con imparcialidad
Pero la gravedad del asunto va más allá. Además de usar su influencia para filtrar a la prensa información fiscal sensible de la pareja de Isabel Díaz Ayuso (una operación de Estado organizada para destruirla políticamente) y de estar imputado por estos hechos en el Supremo, el sicario judicial de Sánchez se ha dedicado a destruir pruebas, engañar a la Guardia Civil y entorpecer la labor de la justicia de la que él es un altísimo cargo. El magistrado Ángel Luis Hurtado, instructor de la causa que se sigue en el Supremo, considera que «es una evidencia que el investigado ha hecho desaparecer pruebas que podrían encontrarse en sus terminales móviles, y, aunque ha dado distintas explicaciones para hacerlo, de haber mostrado algún grado de colaboración con el esclarecimiento de los hechos, podía haberlo comunicado antes de llevar a cabo tal desaparición, y no aprovechar para realizarlo el día 16 de octubre de 2024, cuando es notorio que este Tribunal Supremo se declara competente para conocer de la causa, a raíz de auto de 15 de octubre».
¿No será usted tan inocente de pensar que García Ortiz ha dimitido tras ser acusado por un juez del Supremo de haber destruido pruebas? No, en la España sanchista no queda espacio para la dignidad personal ni para que el mantenimiento del prestigio de las instituciones democráticas clave. A nadie en su sano juicio, aunque no sea holandés, le cabe en la cabeza que la cuarta economía de Europa mantenga a un fiscal general tramposo, con hechuras de delincuente y mentiroso hasta el tuétano. No parece muy normal que la justicia de una democracia esté parasitada por presuntos delincuentes que se dedican a extorsionar a sus rivales políticos con los datos fiscales de su pareja.
Tampoco debe extrañarnos que la corrupción esté instalada en todos los estamentos del gobierno de Pedro Sánchez, presidente que tiene imputada por corrupción a su mujer, a su hermano y a su mano derecha durante años. Si no hueles la cloaca sanchista, ve a que un otorrino que arregle la nariz.
