La Unidad Central Operativa -UCO- de la Guardia Civil ha puesto en el punto de mira a José Luis Ábalos, exministro de Transportes, generando indignación ciudadana al determinar que «habría adquirido en 2003 un inmueble en Tulúa, Colombia, valorado en 2,1 millones de euros» (2,5 millones de dólares al cambio de la época de acuerdo con el texto). Según el informe, parte de la investigación del caso Koldo, la compra se realizó a la sociedad Hoyos Peláez Limitada, y la UCO basa su acusación en documentos y fotos de una vivienda en construcción hallados en archivos de Koldo García, exasesor de Ábalos. Esta revelación ha avivado las sospechas de enriquecimiento ilícito en un caso que ya salpica a varias figuras públicas.
🗞 PORTADA | La UCO pide indagar a fondo en el patrimonio de Ábalos para investigar si cometió nuevos delitos
— Vozpópuli (@voz_populi) March 20, 2025
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Reacciones
La noticia ha desatado una profunda indignación entre la ciudadanía, especialmente visible en redes sociales. Usuarios expresan su rechazo ante lo que perciben como un «nuevo caso de abuso de poder y corrupción política», con comentarios que van desde demandas de justicia hasta viscerales críticas al sistema político en general. La magnitud del presunto gasto —2,5 millones de dólares— en un chalet contrasta con el salario de un cargo público, alimentando la sensación de deshonestidad entre una ciudadanía hastiada de escándalos.
La UCO descubre otro chalet de Abalos en Colombia y más de 285 cuentas suyas y del PSOE pero Hacienda solo se entera del jersey que vendiste por Wallapop. pic.twitter.com/KgdQQJZPId
— DocHollyday7 (@DHollyday7) March 19, 2025
La UCO atribuye a Ábalos un chalet de 2,1 millones en Colombia pero él asegura que los agentes han confundido el dólar con el peso colombiano en un acta del registro. Y que nunca tuvo un chalet sino unos terrenos rústicos que compró en 2003 y vendió en 2013. Tremendo quilombo pic.twitter.com/Pi5qvU2Ygq
— Alfonso Pérez Medina (@alfonsopmedina) March 19, 2025
Ábalos, por su parte, asegura que no compró un chalet, sino un terreno rústico por 2,5 millones de pesos colombianos (unos 1,000 euros en 2003), y que lo revendió en 2013 sin construir nada. Según él, la UCO habría confundido pesos con dólares, inflando el valor de la operación de manera errónea. Aunque su explicación busca desmentir las sospechas, la falta de pruebas documentales públicas que la respalden genera escepticismo, mientras, el caso sigue su curso en el Tribunal Supremo.
La polémica está lejos de apagarse. Mientras la investigación avanza, la brecha entre la versión oficial de la UCO y la del exministro mantiene el debate vivo, tanto en el ámbito judicial como en la opinión pública. En redes, la indignación no solo apunta a Ábalos, sino que reaviva un clamor más amplio contra la corrupción, con ciudadanos exigiendo transparencia y consecuencias al Ejecutivo socialista.
