La asociación Convivencia Cívica Catalana (CCC) ha logrado, mediante un recurso contencioso-administrativo, que el Ayuntamiento de La Roca del Vallès retire la exigencia de un nivel B1 de catalán en una oposición pública para un puesto de operario de brigada. Según CCC, el requisito era «desproporcionado, arbitrario y sin justificación», vulnerando la Sentencia del Tribunal Constitucional 46/1991.
Respuesta del Ayuntamiento
El consistorio, lejos de plantar cara, optó por resolver el conflicto extraprocesalmente, retirando el requisito lingüístico antes de que un juez se pronunciara. Cabe destacar que la alcaldesa es Marta Pujol i Armengol, de Junts, el partido que no pierde ocasión en proclamar su defensa del catalán.
Menos lobos…
Desde CCC celebran esta victoria como un paso importante hacia «la racionalización de la exigencia del catalán en las oposiciones públicas«. Los de Carles Puigdemont, en cambio, tendrán que explicar a los suyos por qué su férrea defensa del catalán ha resultado tan endeble fuera de micrófonos. «Ni un paso atrás», solían decir con vehemencia no hace tanto.
