Societat Civil Catalana (SCC) ha presentado una denuncia ante los juzgados competentes contra los «presuntos responsables de las graves irregularidades cometidas en la gestión de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) -entidad que engloba, entre otras, a TV3, Catalunya Ràdio y la Fundació La Marató de TV3- en base a los hechos descritos en el Informe 2/2025 de la Sindicatura de Cuentas de Cataluña», según ha informado la entidad presidida por Elda Mata.
La presidenta de SCC ha recordado que la CCMA se fundó en 1983 y que, desde entonces, su vocación, como la de TV3 y el resto de medios públicos, «no ha sido la de promover la concordia y el entretenimiento con los mejores contenidos sino poner los medios públicos al servicio de una ideología sectaria e integrista«. «Aseveramos», ha añadido Elda Mata, «que nunca se pretendió que todo el entramado de medios que compone la CCMA fuera neutral y al servicio de todos los catalanes». Algo que, ha afirmado, «es una muestra más del proceso de exclusión de la mayoría de los ciudadanos que vivimos en Cataluña y que no somos nacionalistas«.
Informes de la Sindicatura de Cuentas
La denuncia, elaborada por Juan Chaparía y Mario de Diego, abogados del bufete Chapapría-Navarro&Asociados, «solicita la apertura de diligencias por posibles delitos de prevaricación, malversación de fondos públicos, omisión del deber de perseguir delitos y otros relacionados con la gestión ilícita de recursos públicos«. Hechos que afectarían a la cúpula de la CCMA y a varios cargos directivos y técnicos. Chaparía ha explicado que esta denuncia se basa en «indicios que se sustentan en una base legal» como es el informe de la Sindicatura de Cuentas emitido en marzo de este año.
Junto a la denuncia, SCC ha aportado documentación que demostraría que en la Corpo, presuntamente, se pagaban «retribuciones ilegales por encima del límite legal«, se llevaban a cabo «contrataciones opacas sin la debida publicidad» y se realizaban «pagos sin cobertura contractual o legal». Además, también se denuncia la «falta de auditorías obligatorias» y la «aplicación indebida de las jornadas laborales reducidas».
«Los hechos comprobados por la Sindicatura en los ejercicios 2021 y 2022», ha añadido SCC, «podrían no ser casos aislados, sino parte de un patrón sistemático de gestión irregular con relevante impacto económico y posible trascendencia penal«. Por este motivo, la entidad constitucionalista ha solicitado «diligencias específicas para verificar si conductas similares se han producido también en ejercicios anteriores o posteriores».
