La semana del 1 de Mayo llega de la mano de un apagón que dejó a oscuras toda la península. Una crisis mal gestionada comunicativamente tanto por el Gobierno de Pedro Sánchez como por el Govern de Salvador Illa. A los dos se les afeó, con razón, el silencio informativo durante las primeras horas. No es suficiente con mandar una nota anunciando que se han reunido los preceptivos comités de crisis. Los ciudadanos, por lo menos aquellos que seguían teniendo acceso a la radio gracias a transistores a pilas de los de toda la vida, necesitaban saber qué estaban haciendo sus responsables públicos, oyéndolo de esos responsables.
Querían saber que los hospitales seguían funcionando o que la policía hizo un despliegue espectacular para evitar incidentes al amparo del apagón. Querían algunas certezas, asumiendo incluso que el Gobierno fuera incapaz de explicar por qué nos quedamos a oscuras. De hecho, sigue sin hacerlo. Una vez más, los alcaldes demostraron que la política de proximidad que se practica en el mundo local es también la más empática con los administrados.
Tampoco es demasiado normal que, en el caso del Gobierno, Pedro Sánchez sea la primera y única voz que escuchemos los ciudadanos. El hiperliderazgo del presidente del Gobierno es probablemente la causa última de ese “apagón informativo” que denunció Alberto Núñez Feijóo. Un apagón que en un Gobierno más coral hubiera debido solventar en primera instancia la flamante vicepresidenta tercera y responsable de Transición Ecológica, Sara Aagesen.
No se la ha visto en toda la crisis, pese a que es la principal responsable política en la materia. Se la nombró en sustitución de Teresa Ribera con grandes elogios sobre su formación técnica en la materia, una formación técnica que habría sido de gran ayuda para tranquilizar a los ciudadanos más angustiados. Pero alguien decidió que su voz no era necesaria en esta crisis.
El apagón obligó a posponer también la reunión de la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC) que debía evaluar definitivamente la OPA hostil del BBVA al Banc Sabadell. Pero la prórroga a las ilusiones de la entidad egarense duró apenas 24 horas. El martes la CNMC cerraba una sesión maratoniana con el aval unánime a la OPA que tiene en pie de guerra a todos los sectores políticos y económicos catalanes. De Junts al PSC, de Foment del Treball a UGT y CCOO. Nadie en Cataluña ve con buenos ojos la absorción del Banc Sabadell por parte de la entidad de origen bilbaíno.
Precisamente Junts cuenta con voz propia en la Sala de Competencia de la CNMC, la de Pere Soler Campins, ese ilustre abogado, oriundo del Vallès, que dirigía los Mossos d’Esquadra cuando Carles Puigdemont los puso al servicio de la consulta del 1-O.
Soler llegó a la jefatura de los Mossos anunciando «Votaremos el 1-O. No lo podrán evitar». Tampoco se cortó a la hora de desahogarse en Twitter -entonces no era la red de Elon Musk- asegurando “espero que nos vayamos ya porque me dais pena los españoles”.
Con semejante hoja de servicios, una hubiera esperado más gallardía en la defensa de los intereses catalanes por los que claman desde Junts. Pero lo cierto que Soler ha reducido sustancialmente las opciones de oposición del Gobierno a la OPA concediendo la unanimidad a la votación de la CMNC.
El quilombo provocado por el voto del “hombre de Junts” a favor de la OPA ha sido de tal calado que ha obligado al secretario general de Junts, Jordi Turull, a romper el puente de mayo para aclarar ante los medios que el partido está en contra de la OPA. Eso sí, según Turull quien debe pararla es el Gobierno, no la CNMC, que solo “informa sobre aspectos reglados”. En la visión del mundo de Turull, el informe favorable aprobado por la Comisión “introduce la especificidad de Cataluña -qué raro, una especificidad catalana….- y da amparo al Gobierno para que no autorice la OPA”.
Para sorpresa de nadie, el partido del “cobrar por adelantado” que ha tumbado en el Congreso desde la Ley de amnistía a la revalorización de las pensiones, se ha vuelto posibilista cuando menos lo esperaban sus fieles. Habrá que ver cómo se desempeñan el resto de los peones colocados por Puigdemont en los espacios de poder españoles.
Desde Ramon Tremosa en Aena a Eduard Gràcia en Renfe -que pese a su llegada sigue siendo un aparato de opresión a los catalanes, según el portavoz de Junts- los neoconvergentes que clamaban hace unos años por salir de la pérfida España cobran ahora jugosos sueldos de sus pérfidas instituciones. Un listado que engordan Miquel Calzada en RTVE -y vanagloriándose ante propios y extraños de que él hará y deshará en el nuevo canal en catalán de Televisión Española- o Elena Massot en Enagás.
Nombramientos que Junts intentó ocultar inicialmente, mientras afeaba los lazos de ERC con el Gobierno, y que ha justificado después presentándolos como soldados en defensa de los intereses catalanes.
