El Consejo de Ministros ha dado luz verde al anteproyecto de ley que establece la reducción de la jornada laboral de 40 a 37,5 horas semanales sin disminución salarial. La medida, impulsada por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, beneficiará a 12,5 millones de trabajadores, con especial impacto en sectores como la hostelería, el comercio y la agricultura.
Díaz ha defendido la reforma como un avance hacia una España más justa, señalando que «esta norma está ganada en la calle» y que «el Gobierno trabaja para los trabajadores y trabajadoras del país». Además, ha subrayado que la reducción busca extender derechos laborales a sectores con menor cobertura de convenios colectivos.
Reacciones de la oposición
La aprobación del anteproyecto ha generado críticas por parte de la oposición. El Partido Popular ha confirmado su rechazo, argumentando que la medida se ha impuesto sin contar con el consenso de la patronal y que podría afectar negativamente a las pequeñas y medianas empresas. El portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, ha declarado que «una reforma de este tipo tiene que contar con el aval del diálogo social y no desde la imposición del Ministerio de Trabajo».
Por su parte, Junts ha anunciado la presentación de una enmienda a la totalidad del proyecto de ley, calificando la reforma como un «ataque frontal» a los autónomos y pymes catalanas.
La patronal en la misma línea
La CEOE ha expresado su oposición a la reducción de la jornada laboral, calificándola de «oportunismo político» y advirtiendo de posibles efectos negativos sobre la economía y el empleo. Su presidente, Antonio Garamendi, ha acusado a la ministra de Trabajo de llevar un discurso «populista» y ha señalado que la productividad se verá recortada.
En manos de Junts
El anteproyecto de ley será ahora debatido en el Congreso de los Diputados, donde el Gobierno no cuenta con mayoría asegurada para su aprobación. Si Junts mantiene su oposición y presenta una enmienda a la totalidad, el anteproyecto podría quedar bloqueado si se suma a los votos del PP, Vox y compañía. Como viene siendo habitual en esta legislatura, España vuelve a estar en manos de la decisión que se tome desde Waterloo.
