Podemos se abstuvo, mientras que VOX y el PP votaron en contra
El Congreso de los Diputados ha aprobado hoy el Real Decreto-ley 4/2025, destinado a mitigar los efectos de la guerra arancelaria iniciada por la administración Trump. El plan, valorado en 14.320 millones de euros, incluye ayudas financieras, préstamos y créditos para sectores como el vino, el aceite y la automoción, con el objetivo de modernizar la economía española.
El apoyo de Junts ha sido crucial para la convalidación del decreto. El diputado Josep María Cruset destacó que el texto incorpora una demanda clave del partido: que las ayudas a empresas se asignen considerando el impacto territorial, beneficiando especialmente a regiones como Cataluña. Aunque el Gobierno aclaró que las ayudas se otorgarán a solicitud de las empresas y no mediante cuotas territoriales, Junts afirma que el contrato marco recoge su demanda.
La cesión de Junts en el plan antiaranceles —votando a favor del decreto pese a no lograr su exigencia de que las ayudas se repartan por criterios territoriales— ilustra con claridad la naturaleza ambigua y estratégica de su relación con el PSOE. Desde la investidura de Pedro Sánchez que Junts facilitó a cambio de compromisos como la ley de amnistía, la formación ha adoptado un enfoque de presión constante sin romper del todo los puentes con el Gobierno. Así, aunque Junts mantiene un discurso de firmeza frente al Estado, está dispuesto a ceder cuando los réditos políticos o económicos son tangibles o cuando pesa el riesgo de quedar aislado en el tablero parlamentario. El respaldo al plan evidencia que más allá de la retórica, Junts sigue jugando un papel esencial en la supervivencia legislativa del Gobierno, aun a costa de asumir cesiones incómodas ante su propia base.
La convalidación del plan antiaranceles ha desatado críticas desde varios frentes, precisamente porque deja en el aire quién ha cedido realmente en el pacto. Para algunos sectores del independentismo —incluidos miembros del propio Junts—, el partido ha renunciado a una de sus exigencias clave, el reparto territorial de las ayudas, a cambio de una vaga mención a la “realidad territorial” en el contrato marco. Desde esta óptica, Junts habría diluido sus principios en favor de una estrategia táctica en Madrid. Sin embargo, desde la oposición de derechas, se interpreta justo lo contrario. Afirman que ha sido el Gobierno quien ha cedido al incluir ese lenguaje ambiguo para contentar a los independentistas, alimentando lo que consideran un “chantaje permanente” de sus socios. El resultado es un acuerdo que evidencia la fragilidad de los equilibrios parlamentarios y que ambos actores tratan de presentar como una victoria, aun sabiendo que pagan un precio político por ello.
Por otro lado, el Gobierno le reprocha al PP anteponer su estrategia de oposición al interés general del país.
Además de Junts, otras formaciones como ERC, Bildu, PNV, Coalición Canaria y BNG respaldaron el decreto. Podemos se abstuvo, argumentando que la ayuda era insuficiente y reclamando medidas más radicales. El PP y Vox votaron en contra, criticando la falta de aceptación de sus propuestas y cuestionando las políticas medioambientales de la UE como raíz del problema agrario.
El ministro de Economía, Carlos Cuerpo ha defendido la necesidad del plan ante un entorno internacional incierto. Ha destacado que las ayudas buscan fortalecer la autonomía estratégica de la economía española y fomentar la adaptación de las empresas al nuevo contexto global.
