Cataluña ha alcanzado los 8.199.176 habitantes a comienzos de 2025, según los datos del Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat) publicados esta semana. La comunidad no solo gana población, sino que lo hace con un perfil cada vez más envejecido: en el segundo semestre de 2024, el número de personas mayores de 65 años creció en 19.963, mientras que el grupo de menores de 16 años se redujo en 11.387.
Más inmigrantes
Estas cifras confirman una tendencia estructural: mientras el crecimiento poblacional responde en gran parte al aumento de la inmigración (44.679 nuevos residentes llegados del extranjero), el saldo vegetativo sigue siendo negativo, con más defunciones que nacimientos.
Actualmente, el 19,7% de la población catalana tiene 65 años o más, y se prevé que ese porcentaje supere el 25% en las próximas dos décadas. Este envejecimiento progresivo, sumado al incremento sostenido de la población, representa un doble desafío para la planificación de los servicios públicos, especialmente en salud, vivienda, movilidad y atención social.
Un reto inconmensurable
El informe del Govern advierte de que Cataluña se encuentra en una “fase de cambio demográfico estructural”, que obligará a revisar la dotación y sostenibilidad de muchos servicios. La presión sobre el sistema sanitario y el modelo de cuidados es especialmente crítica, al tiempo que se acumulan tensiones en el acceso a la vivienda, la educación o las ayudas sociales.
En este contexto, la percepción ciudadana juega un papel decisivo. Según diversas encuestas recientes (no recogidas en el informe), amplios sectores de la población muestran una creciente desconfianza hacia la capacidad de las instituciones para dar respuesta a estos retos. La llegada constante de nuevos residentes, en su mayoría extranjeros, coincide con una sensación de saturación en muchos barrios y municipios, y empieza a provocar rechazo social, en particular allí donde los recursos son más limitados.
