El Gobierno planea regularizar a unos 200.000 inmigrantes en Cataluña en los próximos dos años. El anuncio se produce en un contexto de alta presión migratoria -en especial en la comunidad autónoma- y vendrá a su vez acompañado de un incremento en la plantilla funcionarial de hasta el 40% para las oficinas de extranjería. Todo fantásticas noticias para el tejido económico y la convivencia en Cataluña.
¿Cómo están ahora las cosas? La comunidad tiene ya 8,1 millones, de los cuales el 25% son de origen extranjero. En 2023, registró un saldo migratorio positivo de 126.804 personas. En el primer semestre de 2024 recibió 102.420 inmigrantes, mientras que 61.597 personas emigraron. La presión migratoria se convierte así en una constante en Cataluña, con una fuga de talento persistente combinada con la importación de mano de obra poco cualificada. Esto se traduce en tensiones para la convivencia, enquistadas ya en la vida pública de la comunidad. Las consecuencias son de lo más evidente; solo hace falta ver las tendencias políticas en auge y el cambio de discurso de los partidos hegemónicos hacia una identidad más excluyente.
El plan presenta, al menos en su estado actual, tres carencias notables: un entramado administrativo ineficiente, que incluso con los aumentos de gasto público anunciados podría verse desbordado por el gran volumen de solicitudes; un mercado económico insuficiente para dar cabida a una población principalmente poco cualificada, con los recursos para la formación y especialización de la masa laboral ya bajo mínimos y una comunidad que enfrenta profundos conflictos de convivencia e incompatibilidad cultural -exacerbado si tenemos en cuenta que se estima que cerca d eun cuarto de estos inmigrantes regularizados serían de origen magrebí-.
La reacción mayoritaria a la noticia ha sido, en consecuendia, de rechazo, con multitud de posts en redes que ponen de manifiesto la negativa de la ciudadanía catalana a seguir introduciendoi migrantes dentro de la población y el tejido económico de la comunidad.
