El Congreso de los Estados Unidos pone ahora bajo escrutinio a la farmaéutica Pfizer -recordaran su nombre por desarrollar, como decía un amigo, el Möet & Chandon de las vacunas contra el covid-, por, presuntamente, retrasar de manera deliberada los resultados de su ensayo clínico. El motivo habría sido ideológico; negarle a Trump el rédito político que habría supuesto asumir avances para la cura del covid durante su legislatura.
La denuncia, vale la pena remarcarlo, viene de GSK, rival de Pfizer. Según la competencia, Pfizer habría tenido datos sobre la eficacia de su vacuna en octubre de 2020, optando por dilatar el anuncio hasta el 9 de noviembre, días después de que Joe Biden fuera declarado ganador y presidente electo. El demócrata capitalizó como éxito los avances en la vacuna, afianzando su popularidad durante los primeros meses -lo que pasó más tarde ya lo sabemos todos-.
Las sospechas, según las informaciones publicadas, se sustentan en supuestas declaraciones de Philip Dormitzer, ex alto cargo de la farmacéutica, que habría «dejado caer» que la empresa ralentizó a propósito los ensayos en conversaciones privadas con colegas del sector. Dormitzer niega rotundamente estas declaraciones y Pfizer califica las acusaciones de “absurdas”, señalando de dónde vienen, pero la investigación plantea preguntas incómodas necesarias sobre la transparencia de la farmacéutica, ya no solo en un momento crítico, sino también en sus procesos habituales; los oligopolios farmacéuticos están muy bien acostumbrados a no dar explicaiones sobre nada.
No hay pruebas concluyentes de un complot, cierto, pero la conveniencia de las fechas y la opacidad habitual en el sector convierten las acusaciones, como mínimo, en dignas de investigación. Cuando el nombre de Pfizer empezaba a desaparecer del imaginario colectivo, las tensiones políticas y la necesaria fiscalización de su actividad durante la pandemia les devuelven a la palestra pública.
