¿Recuerdan cuando Salvador Illa se expresaba en castellano durante la última campaña electoral? Llegó a hacerlo incluso en sede parlamentaria, para escarnio del catalanismo fetén. Bien, pues ya pueden olvidarlo. Habemus Pacte Nacional per la Llengua, un texto que busca reforzar el uso del catalán en el ámbito laboral, de la salud e incluso en las prisiones, a costa presumiblemente de evitar el uso del español. De otro modo no se entiende en qué están pensando los autores cuando defienden “garantizar el cumplimiento” de la normativa lingüística en servicios que dependen de la Generalitat como (sic) museos o pistas de esquí. ¿También se dirigirán en catalán a los turistas extranjeros que suelen ser usuarios de estos servicios? Me atrevo a adivinar que ni el inglés ni el francés estarán proscritos en estos ámbitos; el problema está en español, por su condición de lengua mayoritaria de los catalanes.
El Govern presentó el pacto este martes con todo el boato del Institut d’Estudis Catalans acompañado por sus socios habituales, ERC y Comuns. La promesa de más de 200 millones anuales destinados a la promoción del catalán -255 millones este primer año- no ha sido suficiente sin embargo para convencer a Junts y la CUP. Tampoco al belicoso sindicato de la enseñanza catalana, Ustec.
Sobre la firma del Pacto sobrevuela la decisión pendiente del Tribunal Constitucional
Para sorpresa de nadie, los términos en que se ha suscrito el pacto tampoco han convencido al PP y Vox, que imaginan mil destinos mejores para ese presupuesto ingente. De hecho, los de Vox llegaron a concretarlos: “con esos 255 millones de euros podríamos hacer 1.922 viviendas de titularidad pública o 100.000 niños tendrían beca comedor” advierten. Más allá del dispendio económico, la sospecha de que este Pacto Nacional sea la antesala de una nueva desobediencia del Govern, ahora socialista, a los requerimientos de la Justicia para que las escuelas catalanas impartan al menos un 25% de las horas lectivas en español enfría las expectativas sobre las bondades del plan para garantizar la supervivencia del catalán. También las dudas sobre esa promoción del catalán en el ámbito laboral que suena a imposición.
Sobre la firma del Pacto sobrevuela la decisión pendiente del Tribunal Constitucional sobre la última reforma legislativa del Govern en esta materia -con apoyo del PSC- para esquivar esa exigencia del 25%. Una ley recurrida por el propio Tribunal Superior de Justica de Cataluña, harto de que las autoridades autonómicas se pasen por el arco del triunfo sus sentencias en materia lingüística.
A esa espada de Damocles se acoge Junts para argumentar su rechazo al acuerdo, que recoge prácticamente todas las aportaciones de los neoconvergentes, como reconoce el conseller de Política Lingüística, el republicano Xavier Vila. También aluden para rechazar el pacto a la particular manía del president Illa de utilizar, muy de vez en cuando, la otra lengua de Cataluña, ese español que es mayoritario en la calle pero sigue siendo despreciado por las instituciones.
Quienes han convertido la lengua en objeto político siguen más preocupados por convertirla en ariete de sus aspiraciones independentistas que en su pervivencia social
Sí han mostrado su adhesión al Pacto otras entidades de diversa índole, como los sindicatos CCOO y UGT de Cataluña, las patronales Foment y Pimec, y entidades que han formado parte de la primera línea de ataque del procés independentista Òmnium o Plataforma per la Llengua.
En resumidas cuentas, quienes han convertido la lengua en objeto político siguen más preocupados por convertirla en ariete de sus aspiraciones independentistas que en su pervivencia social. Por tanto, es lógico que la diferencia entre quienes han entrado en el pacto, y quienes se quedan fuera, no sea de contenido sino de oportunidad política para sus intereses más o menos particulares.
Está bien cumplir los acuerdos suscritos y honrar la palabra dada pero el PSC también tiene compromisos con sus electores
Para Junts es impensable regalar esa victoria al PSC. Sería tanto como admitir que el partido al que tratan de mayordomo del Gobierno es tan catalán como ellos mismos. Anatema. Tampoco puede aceptarlo la CUP, que vive de presentarse como un partido en permanente rebeldía contra el Estado. O sea, más o menos como Junts, pero supuestamente de izquierdas. Desde Plataforma per la Llengua, por contra, vienen a decir que “no es nuestro pacto” pero bienvenidos sean 255 millones para el catalán de los que algo llegará a sus arcas para seguir denunciando a los que osan rotular en español.
La cuestión es si impulsar este pacto conviene a la estrategia del PSC. El líder socialista parece haber olvidado las promesas hechas a un electorado que, más allá del regreso a la “normalidad” política e institucional, ansía ver los efectos de esa normalidad en proyectos tan sustanciales como la ampliación del Aeropuerto de El Prat, cuyo futuro debíamos conocer antes de finalizar 2024. Nos comimos las uvas sin conocer detalle alguno sobre el futuro del aeródromo y asistimos con estupor al sainete de la tasa turística, mientras lo único que avanza es, aparentemente, el enésimo plan en defensa del catalán. Está bien cumplir los acuerdos suscritos y honrar la palabra dada -como es el caso del Pacto Nacional prometido a ERC- pero el PSC también tiene compromisos con sus electores.
