El Ministerio de Derechos Sociales ha ordenado a Airbnb retirar 65.935 anuncios de alquileres turísticos en España por considerarlos ilegales a raíz de una «inevstigación» -aún no se conocen los criterios de filtraje usados por los funcionarios- que inició en junio de 2024. La medida afecta a viviendas en Andalucía, Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana, Baleares y País Vasco, y se basa en tres resoluciones que señalan a su vez tres infracciones clave: «falta de número de licencia» -lo cual, por ley, NO es siempre nesario-, «no especificar si el arrendador es particular o empresa», y el uso de «licencias no válidas» -en multitud de casos debido confusiones por la duplicidad legislativa-. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha avalado la primera resolución, ordenando la eliminación inmediata de 5.800 anuncios, lo que establece un precedente para los 60.135 restantes.
Pese al recurso de Airbnb, que argumenta que el Ministerio excede sus competencias y cuestiona la metodología empleada para identificar los anuncios ilegales, el TSJM ha desestimado sus alegaciones para el primer paquete de 5.800 casos, respaldando la actuación del Ministerio, que se ampara en la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios. En diciembre de 2024, se abrió un expediente sancionador contra Airbnb por no retirar anuncios previamente, con posibles multas de hasta 100.000 euros o hasta cuatro a seis veces el beneficio «ilícito» obtenido. Hasta la fecha, no se ha confirmado si Airbnb ha cumplido con la retirada de los 5.800 anuncios ni con los restantes.
El Ministerio también remitió al Ayuntamiento de Madrid un listado con 15.200 direcciones de pisos turísticos ilegales en la ciudad, solicitando medidas para cesar su actividad. Se espera que el consistorio se muestre más laxo en la persecución requerida.
Por su parte, Airbnb se avala en las cifras; los alquileres turísticos no son la principal causa del encarecimiento de la vivienda. La opinión pública más disidente achaca la obsesión del Ejecutivo en su persecución como una cacería mediática de marcado tinte ideológico, que, si bien no solucionará el problema, si le valdrá vistosos titulares ante su electorado. Los pisos turísitcos no encarecen el mercado de alquiler. Su incidencia en la creciente tendencia es, de acuerdo con las cifras, mínima. La persecución legislativa es legítima cuando se desoyen resoluciones judiciales, sí, y la cosa pinta negra para Airbnb, pero quizás sería más provechoso centrarse en buscar recetas que alivien verdaderamente la tensión del mercado y faciliten de una vez el acceso a la vivienda en las zonas más cotizadas del país.
