El Ayuntamiento de Manlleu ha nombrado, a petición de la CUP, «personas non gratas» a los seis agentes de la Policía Nacional infiltrados entre 2019 y 2022 en la izquierda independentista y otros «movimientos populares» vinculados con el extremismo separatista. La moción ha sido aprovada con el apoyo de Junts y ERC y se regodea en la narrativa victimista contra las operaciones de espionaje por parte del Estado.
La rabieta ha valido a la CUP para cargar contra el gobierno español. El partido, que perdió su representación en el Congreso de los Diputados y se encuentra en mínimos históricos en el Parlament, exige una comparecencia pública del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para que «dé explicaciones sobre esta operación». El texto también expresa «solidaridad con las personas afectadas», es decir, seducidas por los agentes. El chiste se cuenta solo.
La postura de la CUP es poco más que un berrinche, fruto de la frustración por su candidez al no detectar a los infiltrados durante años. El relato engancha, sí, pero no de la manera que pretenden. El episodio sigue, a día de hoy, siendo motivo de burla entre detractores y aliados; no es infrecuente escuchar afilados comentarios al respecto por parte de los mismos independentistas, que tras dar apoyo en público a “los afectados” cargan en privado y con escarnio contra ellos.
