El Gobierno ha aprobado una reforma del reglamento de extranjería que supone un giro notable en la política migratoria española. Entre los cambios más relevantes destaca la posibilidad de acceder a la regularización incluso teniendo antecedentes penales, algo que hasta ahora suponía un impedimento legal.
Modificación incomprensible
Con esta modificación, se reduce de tres a dos años el periodo mínimo de residencia exigido para poder iniciar trámites de arraigo social. Además, se amplían las facilidades para la reagrupación familiar: los hijos de hasta 26 años podrán ser traídos sin necesidad de acreditar dependencia económica, y se suprime el requisito de realizar un curso de catalán para quienes deseen obtener la nacionalidad española.
Polémica
La medida, sin embargo, ha levantado polémica. Desde distintos sectores se alerta del riesgo que puede implicar permitir la residencia a personas con antecedentes judiciales. Por el contrario, organizaciones pro derechos humanos defienden el cambio como un paso hacia una sociedad más inclusiva y realista con la situación de muchas personas extranjeras ya asentadas en el país.
Mientras otros países europeos refuerzan sus controles fronterizos y limitan las vías de entrada, España opta por una vía más flexible, lo que ha llevado a algunos analistas a advertir de un posible efecto llamada. El Ejecutivo, sin embargo, defiende que esta reforma responde a necesidades demográficas, laborales y sociales, y que facilitar la integración de los inmigrantes es clave para el futuro del país.
