El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos ha revocado a Harvard su certificación para el Programa de Estudiantes y Visitantes de Intercambio. Esta decisión, tomada por la administración Trump tras la negativa de la universidad a ofrecer información necesaria para el correcto mantenimiento de la seguridad nacional, impide que Harvard inscriba nuevos estudiantes internacionales para el año académico 2025-2026 y obliga a los 6,700 estudiantes extranjeros actualmente matriculados a transferirse a otras instituciones si pretenden mantener su estatus legal dentro del país.
La medida es drástica, sí, pero los motivos tienen mucho peso. A raiz de conductas agitadoras, antisemitas y disruptivas protagonizadas por estudiantes extranjeros en el mismo campus de la universidad, el Departamento de Seguridad Nacional solicitó información detallada sobre los estudiantes visados; concretamente registros sobre actividades ilegales o violentas. Tras expresar publicamente su disconformidad, la universidad ha dado respuesta a la administración con una documentación «insuficiente e inaceptable» -en palabras de Kristi Noem, directora de Seguridad Nacional-.
“Harvard ha fallado en garantizar un entorno seguro y en cumplir con las normativas federales”.
Por su parte, Harvard califica la decisión como “ilegal y retaliativa», argumentando que cumple con todas las regulaciones y que la medida perjudica a su comunidad internacional. La universidad, que alberga estudiantes de más de 140 países, está evaluando opciones legales, incluyendo una orden judicial en California que podría limitar las deportaciones.
Trump defiende la medida como un paso necesario para restaurar el orden en las instituciones educativas, priorizando la transparencia y la seguridad. Aunque la decisión ha generado y seguirá generando críticas, la Casa Blanca lo tiene claro: las leyes se aplican siempre, sin chantajes que valgan, y la seguridad nacional no se comprometerá.
