Barcelona más cerca de Londres. Catalunya empezará en breves a asemejarse más que nunca a la megalopolis brtiánica. No será por el PIB, calidad de vida ni uso del espacio, ahí los ingleses nos siguen ganando por goleada. No. Será la presencia de cámaras en cada esquina lo que nos dotará de similitud. Núria Parlon, Consellera de Interior socialista, ha anunciado una línea de subvenciones para instalar cámaras de videovigilancia en municipios catalanes, especialmente los más pequeños, con el noble objetivo de «combatir la delincuencia». El plan, que contempla instalación y mantenimiento, no es descabellado, y responde a una problemática real: el aumento de inseguridad. Pero obliga a los ciudadanos a pagar un alto precio: sacrificar su privacidad como consecuencia de una gestión política deficiente, que ha permitido impávida el aumento de la delincuencia.
Interior ha autorizado, de momento, 120 cámaras y tramita 54 solicitudes más. Tecnología punta, con lectores de matrícula incorporados. La medida llega en un momento delicado, con la inseguridad en máximos históricos y la población sabiendo hacía donde mirar. El malestar es entendible. Catalunya, así como el resto del Estado y en la línea de la tendencia occidental, lleva años de descontrol migratorio. La relación entre esta realidad y el aumento de la inseguridad es objeto de debate. Los datos oficiales de 2022 dejan poco lugar a la interpretación; el 58% de los detenidos en Cataluña eran extranjeros a pesar de que la población inmigrante representa solo el 17% del total. En Barcelona, entre 2022 y 2023, el 78,8% de las 37.168 detenciones realizadas por la Guardia Urbana y los Mossos d’Esquadra correspondieron a extranjeros, principalmente por hurtos y robos con violencia. Además, en las cárceles catalanas, el 50,48% de los reclusos son extranjeros, destacando un 91,67% en casos de violación, según datos de la Generalitat a junio de 2024.
Estas cifras establecen una relación causal. Es lógico aquí el razonamiento que empieza a verse en los ciuadadanos. ¿Debo pagar con mi privacidad los errores del régimen político? La crítica parece legítima. La medida es necesaria, sí, ya no queda otra, pero responde a una manifiesta falta de criterio previo. Pese a las crecientes reticencias de la ciudadanía, el modelo migratorio no se ha modificado. Al revés. En respuesta a las «tesis del dicruso del odio», parece que en ocasiones incluso se ha doblado la apuesta para poner sobre la mesa las virtudes de la diversidad. Bien, la cosa parece haber salido regular. Ahora toca perder derechos. Estar más vigilados, más escrutados en nuestro día a día en favor de la seguridad colectiva. La medida es, ya, inevitbale, pero, ¿hacía falta llegar hasta aquí?.
