Un presunto audio filtrado, publicado en exclusiva por El Confidencial, desata la controversia en las investigaciones del entorno socialista. De acuerdo con las informaciones publicadas por el digital, la conversación, difundida ya en redes, podría sugerir que Moncloa y el PSOE estarían detrás de una operación coordinada para desacreditar a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, en particular a su jefe de Delincuencia Económica, el teniente coronel Antonio Balas. Según la información, una reunión por videoconferencia en febrero de 2025 entre María Leire Díez Castro, vinculada al PSOE, y Alejandro Hamlyn, empresario investigado por fraude de hidrocarburos, habría tenido como objetivo obtener información comprometedora contra Balas. La UCO investiga, entro otros, a José Luis Ábalos, cuyo caso daminifica en cada avance a la credibilidad del PSOE y el Ejecutivo de Sánchez.
EXCLUSIVA | Un audio desvela una operación clandestina del PSOE para acabar con la UCO: "Si Balas está muerto, mejor" https://t.co/jagNmmQtAX
— El Confidencial (@elconfidencial) May 26, 2025
La denuncia proviene de Víctor Aldama, implicado en el caso Koldo, quien ya afirmó en su día en televisión que «personas cercanas al PSOE ofrecieron beneficios judiciales a cambio de datos para deslegitimar a la UCO». En el audio, Díez Castro habría insinuado que desacreditar a Balas podría beneficiar a Hamlyn en sus problemas legales, mientras este, desde Dubai, exigía garantías de pago. Hamlyn mencionó supuestas irregularidades en la UCO, como tráfico de cocaína. No se han presentado pruebas que sustenten estas acusaciones.
La UCO también investiga el caso de Begoña Gómez o las presuntas adjudicaciones ligadas a Santos Cerdán, secretario de Organización del PSOE, y ha sido cuestionada previamente por el Gobierno en múltiples ocasiones con el obetivo de restar credibilidad a sus investigaciones ante la opinión pública. María Jesús Montero ha atribuido con anterioridad filtraciones a la UCO sin evidencias, reforzando la narrativa de una Moncloa emperrada en neutralizar investigaciones que afectan al entorno de Sánchez.
Aunque el audio plantea serias cuestiones éticas y legales, no hay confirmación de que la operación se concretara ni de acciones judiciales al respecto. La falta de pruebas sobre las acusaciones contra la UCO y los resultados de la reunión invitan a la cautela. En caso de confirmarse, pero, las consecuencias son duras y agravan las tensiones entre el Gobierno y la Guardia Civil, en un contexto de creciente escrutinio por presuntos casos de corrupción, por no hablar de los posibles delitos que este acuerdo representaría.
