El Juzgado de Instrucción número 1 de Sant Feliu de Llobregat ha dictado auto de incoación tras la denuncia presentada por Societat Civil Catalana (SCC) contra los responsables de las «graves irregularidades cometidas en la gestión de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), ente gestor de TV3, Catalunya Ràdio y Fundació Marató, y ha iniciado la investigación de los hechos al considerar que pueden ser constitutivos de un delito de los comprendidos en el ámbito del artículo 757 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal».
Así lo ha anunciado SCC en un comunicado en el que también ha recordado que presentó la denuncia ante los juzgados competentes el pasado 29 de abril «en base a los hechos descritos en el Informe 2/2025 de la Sindicatura de Cuentas de Cataluña sobre la gestión de la CCMA». En la denuncia, los servicios jurídicos de SCC (Chapapría-Navarro&Asociados) solicitaban la «apertura de diligencias por posibles delitos de prevaricación, malversación de fondos públicos, omisión del deber de perseguir delitos y otros relacionados con la gestión ilícita de recursos públicos«. Hechos que afectarían al Consejo de Gobierno de la CCMA y a varios cargos directivos y técnicos.
Petición de diversa información
En su auto de incoación, la jueza requiere a la Sindicatura de Cuentas de Cataluña «para que aporte el informe 2/2025 en su versión íntegra, incluyendo todos sus apartados, anexos, papeles de trabajo, documentación soporte y cualquier otra información interna utilizada durante la fiscalización» de la Corporació. También reclama a la CCMA y a sus entidades vinculadas para la aportación de numerosa documentación, entre la que se encuentran los contratos, nóminas y resoluciones salariales del personal directivo; los expedientes completos de selección y nombramiento, incluyendo bases de convocatoria, actas de valoración, currículos de los aspirantes y criterios de mérito aplicados en la designación de los directores de TV3, Catalunya Ràdio y Fundació La Marató de TV3, así como de cualquier otro directivo designado durante los ejercicios fiscalizados; las retribuciones superiores al límite legal de consejero; los expedientes de contratación de pólizas mediante procedimiento negociado sin publicidad y la documentación sobre incentivos y trienios.
Los documentos de SCC
SCC, por su parte, ha aportado con la denuncia documentación relativa a retribuciones «ilegales por encima del límite legal»; «contrataciones opacas sin la debida publicidad«; «pagos sin cobertura contractual o legal»; «falta de auditorías obligatorias» y «aplicación indebida de las jornadas laborales reducidas».
«Denunciamos que los hechos comprobados por la Sindicatura en los ejercicios 2021 y 2022 podrían no ser casos aislados», ha recordado SCC en su nota, «sino parte de un patrón sistemático de gestión irregular con relevante impacto económico y posible trascendencia penal. Por ello, en la denuncia se han solicitado diligencias específicas para verificar si conductas similares se han producido también en ejercicios anteriores o posteriores».
