La Casa Blanca no se achanta. Tras el fallo del Tribunal de Comercio Internacional, que ha paralizado en seco los aranceles globales y retaliatorios impuestos por el presidente a través de la IEEPA, aludiendo que excedía su autoridad, Trump ha iniciado todos los procedimientos legales posibles -exigiendo además la máxima celeridad-, para revertir la situación y reiniciar su política arancelaria con la mayor brevedad. Ayer se logró, de hecho, la primera victoria. Si bien el fallo original dejaba fuera de juego la práctica totalidad de las tarifas aprobadas por el Ejecutivo, la Corte de Apelaciones emitió, a propuesta del equipo legal republicano, una suspensión parcial de la resolución, permitiendo la reactivación del arancel base del 10% a la mayoría de países del mundo y hasta un 25% para casos como los de Canadá, México o China.
La Corte de Apelaciones será, de hecho, el epicentro de la batalla legal. La institución ha establecido un calendario acelerado; los demandantes que consiguieron en primera instancia el bloqueo -un grupo de pequeñas empresas afectadas por los aranceles- deberán presentar su respuesta antes del 5 de junio, con una réplica del gobierno programada para el 9 de junio. El cronograma es muy ajustado, lo cual sugiere que el tribunal tiene bastante prisa. La resolución final, que podría dar la razón a Trump o, por contra, anular los aranceles, podría tenerse antes de que acabe el verano.
Por su parte, los activistas anti-arancelarios también han movido ficha. Un segundo grupo de empresarios y minoristas afectados por el aumento de precios en el comercio internacional ha elevado una segunda demanda al Tribunal de Comercio, denunciando que los aranceles dificultan su actividad económica y aseverando que suponen un incremento de entre el 3 y el 5% en el precio de los productos para el consumidor final -algo de lo más obvio, al final, la estrategia recae en el largo plazo-.
Trump lo tiene claro; su polítca defiende la industria estadounidense y revifa la producción nacional. Las incomodidades a corto plazo son un mal menor y necesario para evitar la subordinación de Estados Unidos a potencias comerciales extranjeras y la pérdida de competitividad de la economía americana en el mundo. Mientras la opsición reacciona, los republicanos se mantienen firmes en sus convicciones.
