En una entrevista para el Ara, Gonzalo Boye, abogado defensor –entre otros prohombres-, de Carles Puigdemont, ha analizado la actual situación de la amnistía política aprobada hace un año por el PSOE, destacando su impacto y los obstáculos que aún enfrenta. Boye celebra que la norma haya beneficiado a unos 180 independentistas, pero critica que el Tribunal Supremo se resista a aplicarla a los líderes del Procés, lanzando a su vez una atípica tesis que nos resulta familiar -al menos aquí-. La amnistía habría sido más fluida con un Gobierno del PP.
La premisa puede llegar a tener su sentido, al menos si se plantea desde la crítica al Partido Popular, de donde surge en el caso del polémico abogado: un gobierno del PP facilitaría la resolución de los casos de los líderes independentistas. Los conservadores se oponen frontalmente ahora a la amnistía, pero Boye sostiene que “su menor conflictividad con el poder judicial”, cuya cosmovisión de España a menudo coincide –a juicio del letrado– con la de los populares, permitiría una «amnistía fáctica» sin necesidad de una ley explícita. «La política es cosa de intereses, no de principios», ironiza, insinuando que el PP podría desjudicializar el conflicto catalán de manera pragmática si necesitara los votos independentistas.
Feijóo ya descartó en su día este tipo de escenarios, su criticado “no soy presidente porque no quiero” hacía precisamente referencia a la negativa de su partido a condonar los delitos de los independentistas. Boye presupone que el compromiso electoral y ideológico de los populares es tan insustancial como el socialista; que sus promesas son igual vacías y su sentido de Estado mismamente inexistente. La teoría es legítima; con el bipartidismo nunca se sabe. A estas alturas y visto lo visto, pero, no parece una hipótesis muy solvente. Con el apoyo del secesionismo, la cifras daban para todo el mundo, la diferencia recae en los valores y la voluntad de actuar en defensa de los mismos.
