La judicatura recciona ante las «injerencias» socialistas. Más de un millar de jueces han firmado un comunicado conjunto en expresando su inequívoco rechazo y oposición a la reforma judicial impulsada por el PSOE, el Proyecto de Ley Orgánica para la Ampliación y Fortalecimiento de las Carreras Judicial y Fiscal.
El proyecto de ley introduce cambios mayúsculos -y de lo más cuestionables- en el sistema de acceso a las carreras judicial y fiscal, incluyendo una ampliación sin precedentes del “cuarto turno” que permite el ingreso de juristas con más de diez años de experiencia profesional sin pasar por la oposición tradicional y bajo criterios arbitrarios, basados en valoraciones sobre su «reconocido pretigio». Se establece a su vez un procedimiento extraordinario de estabilización para 900 jueces y 331 fiscales sustitutos, otorgándoles antigüedad ficticia. Los firmantes lo tienen claro; estas medidas debilitan la meritocracia y la independencia judicial, facilitan el acceso por la puerta de atrás y generan agravios comparativos graves con opositores que se preparan durante años. De acuerdo con su criterio, la reforma no aborda los problemas reales de la justicia, como la sobrecarga de trabajo o la falta de recursos, y parece más una «patada hacía delante» que una propuesta meditada.
Este caso no es aislado. Tres asociaciones judiciales -Asociación Profesional de la Magistratura, Asociación Judicial Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente- y dos de fiscales -Asociación de Fiscales y Asociación Profesional e Independiente de Fiscales- han convocado un parón conjunto de diez minutos el 11 de junio frente a las sedes judiciales, exigiendo la retirada del proyecto. También han elevado sus críticas a instancias europeas –que ya tienen a España en el punto de mira, por cierto- , denunciando que la reforma vulnera estándares de independencia judicial establecidos por el Consejo de Europa y la Unión Europea.
El poder judicial siempre ha sido un tema delicado en España, en especial su independencia. Sin embargo, las últimas legislaturas han puesto de manifiesto un compromiso más débil que nunca en su protección. Esta reacción por parte de sus integrantes de más envergadura refleja un «malestar» -por decirlo con suavidad- permanente y generalizado en la judicatura y la fiscalía, que exige un debate transparente sin injerencias políticas que comprometan el Estado de Derecho.
