La semana política se abría el lunes con las intensas presiones del Gobierno para conseguir la oficialidad del catalán -también el gallego y euskera, aunque inicialmente fueran excluidos de la negociación- en Europa. Ya saben, ese objetivo irrenunciable para un Gobierno que ve en el reconocimiento de la plurinacionalidad y plurilingüismo de España una condición sine qua non de su ser, aunque el catalán no existiera para Pedro Sánchez hasta que Carles Puigdemont se lo plantó en las narices como condición para su tercera investidura.
Pero lo que parecía pan comido el lunes se convirtió en una gesta imposible el martes, a juicio de socialistas e independentistas por las malas artes del PP. Y como las desgracias nunca vienen solas, un día después el independentismo recibió un nuevo mazazo con la confirmación por parte del Tribunal Supremo de que las pinturas románicas de Sijena pertenecen a Sijena.
“El món ens mira” repetían con orgullo los procesistas tras cada manifestación de la ANC. Quizá sí, pero parece que esta semana el que nos miraba era un tuerto, ha debido pensar más de un independentista. Olvidan lo que sus líderes nunca han dejado de tener muy claro: que la mejor gasolina del nacionalismo es el agravio, y el discurso victimista es especialmente eficaz cuando hay que tapar los errores propios.
Así, el catalán en Europa y las joyas del románico de Sijena han abierto Telenotícies y portadas de todos los colores, mientras los ex responsables de la DGAIA que permitieron todo tipo de desmanes económicos y se olvidaron de su responsabilidad para con los menores tutelados entre 2016 y 2021 pasaban por el Parlament sin que nadie les hiciera subir, a ellos, los colores.
Sin rubor defendieron que hicieron todo lo posible por afrontar la avalancha de menas recibida en los años previos a la pandemia, en una gestión en la que la única mácula estuvo –¡oh sorpresa!– en los meses de aplicación del artículo 155 de la Constitución.
El periodo auditado -y denunciado- por la Sindicatura de Comptes abarca desde 2016 a 2020. En esos años, la Direcció d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA) gestionó 944,46 millones de euros. Solo 57,3 millones corresponden a contratos por tramitación ordinaria, y otros 6 millones a convenios ordinarios. El resto fueron contrataciones a dedo por vía de urgencia y prórrogas, muchas de las cuales fuera de plazo y por tanto sin amparo legal. La Sindicatura señala especialmente la subcontratación de 292 centros de menores tutelados por valor de 114,6 millones de euros a través de un controvertido “reconocimiento extrajudicial de deuda”.
Medida adoptada, por cierto, por la ex consejera Dolors Bassa (ERC), que permaneció en el cargo hasta la declaración unilateral de independencia y posterior aplicación del artículo 155. No puede decirse que el malvado Estado Español fuera el responsable entonces.
Los llamados a comparecer en sede parlamentaria esta semana han sido el exconsejero de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia, Chakir el Homrani (ERC) entre 2018 y 2021; el exsecretario general de la misma cartera entre 2016 y 2020, Josep Ginesta; y Oriol Amorós, quien le sustituyó en el cargo entre 2021 y 2024. El 155 se aplicó entre el 27 de octubre de 2017 y la investidura de Quim Torra en mayo de 2018. Parece que la infausta gestión de esta dirección general de la Generalitat se extendió bastante más en el tiempo.
Comparecieron también dos de los exdirectores de la DGAIA: Ricard Calvo (ERC), quien estuvo al frente entre 2016 y 2017, y Esther Sara Cabanes, que lo relevó hasta la llegada al Govern del PSC. Calvo, que fue nombrado por Bassa, había sido hasta entonces tesorero de Plataforma Educativa, un grupo de una decena de fundaciones y cooperativas que gestionan gran parte de los centros externalizados de la DGAIA. Tras su brillante gestión regresó a la Plataforma Educativa, ascendido a la condición de vicepresidente. Un ejemplo de libro de puertas giratorias que no parece haber incomodado a nadie.
El dinero destinado a la gestión de menores tutelados asciende anualmente a unos 200 millones de euros, de los que más de 160 millones son manejados por fundaciones, cooperativas o entidades privadas. Esas fundaciones comparten con la administración autonómica las auditorias de su gestión, informes de la evolución de los menores, así como cualquier incidencia relevante a través de una plataforma digital. Pero a tenor del informe de la Sindicatura y de la investigación de Oficina Antifraude, no parece que nadie auditara esa información para garantizar que se correspondía con la realidad. En otras palabras, parece que tiene más control la plataforma digital para colgar deberes de un colegio de primaria.
En el caso del presunto fraude que investiga la Oficina Antifraude, el timo fue orquestado por la UTE integrada por las fundaciones Resilis y Mercè Fontanilles. No es un dato menor, ya que Fontanilles es la fundación que “atiende” -en teoría- a más menores tutelados por la Generalitat. En un universo de pequeñas fundaciones que asumen la responsabilidad sobre dos decenas de menores de promedio, la Fontanilles tenia bajo su tutela a más de un centenar. Es la mayor fundación contratada por la DGAIA, destacan fuentes del sector.
Esta fundación se embolsaba entre 1.400 y 3.600 euros por cada plaza fantasma, además de mantener la subvención de 754 euros a menores ex tutelados que ya trabajan, y lo hacen fuera de Cataluña. Empiecen a sumar, porque el desfalco es de categoría. Pero todos los partidos catalanes fetén -esos que se presentan como auténticos defensores de la democracia frente a los “fachas” de extrema derecha- decidieron mirar hacia otro lado cuando salieron a la luz las primeras denuncias con la excusa, precisamente, de no dar argumentos a Vox y Aliança Catalana. Así nos luce el pelo.
