Trump se pone firme contra la inseguridad. A partir del 9 de junio, Estados Unidos prohibirá totalmente la entrada a los ciudadanos provenientes de países categorizados como peligrosos para la seguridad nacional debido a sus características geopolíticas y antecedentes culturales. La lista de afortunados ha resultado en: Afganistán, Birmania, Chad, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen, mientras que aplica limitaciones parciales a Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leona, Togo, Turkmenistán y Venezuela. Nos libramos –de momento-.
La medida no responde a un criterio arbitrario. Respaldada por la Orden Ejecutiva 14161, se produce tras una exhaustiva evaluación de agencias de seguridad que ha identificado deficiencias en los sistemas de verificación de viajeros de estos países. El principal riesgo es el terrorismo, seguido de altas tasas de sobreestadía de visas -es decir, explotación del sistema de permisos temporales para intentar quedarse permanentemente en suelo americano- y la falta de cooperación en repatriaciones. Hace apenas tres días, un ciudadano egipcio -con su visado expirado- perpetró un sonado ataque antisemita en Boulder, Colorado, reforzando la narrativa trumpista.
La proclamación exime a residentes permanentes, titulares de visas existentes, atletas de eventos internacionales y ciertos casos de interés nacional. Los demócratas, argumentan, en su línea, que la medida «alimenta actitudes intolerantes», han condenando la normativa e intentado explotarla políticamente ofreciéndose a «mediar con los países afectado» a pesar de no tener mayoría en ninguna Cámara ni, por ende, autoridad federal.
La experiencia avala a Trump. La Corte Suprema respaldó medidas similares en 2018. «America First» revive así en medio de una polémica esperable pero controlada.
