Una trabajadora del Institut Municipal de Serveis Socials del Ayuntamiento de Barcelona se encuentra en estos momentos bajo investigación por la presunta desviación de cerca 400.000 euros destinados a ayudas sociales -no podía ser otra partida-. Según ha confirmado el propio consistorio, los fondos, dirigidos a personas vulnerables como familias con menores o en situación de pobreza, habrían sido transferidos a cuentas bancarias que no correspondían a los beneficiarios legítimos, lo que apunta a un posible caso de malversación o fraude.
El caso ha salido a la luz a través de una auditoría interna a manos del propio Ayuntamiento. La revisión de cuentas detectó «indicios sólidos» de irregularidades, lo que llevó al Ayuntamiento a indagar. La trabajadora implicada ha sido inmediatamente suspendida de sueldo y empleo de forma cautelar, y se ha iniciado un expediente disciplinario en su contra. Además, los servicios jurídicos municipales han presentado una denuncia ante la fiscalía para que se investigue el asunto a fondo.
La respuesta del Ayuntamiento ha sido tajante. A su vez, manifiestan que se trata de un caso aislado, no una red más amplia; aclaración comprensible debido a la similitud del caso con algunas de las irregularidades más polémicas de la DGAIA, que se enmarca en un controvertido caso de corrupción masivo y estructural también relativo a gasto público por los derechos sociales. Hay que evitar comparaciones.
Esta en manos de la correspondiente investigación judicial determinar ahora el alcance del desvío y las posibles consecuencias legales para la trabajadora implicada. De momento, el Ayuntamiento ha anunciado que continúa revisando las cuentas y los procedimientos que han dado lugar al presunto desfalco para evitar que situaciones similares se repitan en un esfuerzo por hacerse con el control de la narrativa en un contexto de tensión mediática por los recientes casos de corrupción dentro del entramado institucional catalán.
