Por primera vez en la historia de España, un fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, se sentará en el banquillo de los acusados. Lo hará como presunto autor de un delito de revelación de secretos y junto a él será también juzgada la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez. El damnificado de este delito es Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Así lo ha decidido el magistrado del Tribunal Supremo Ángel Hurtado, quien, tras una instrucción de ocho meses, considera «a raíz de indicaciones recibidas de Presidencia del Gobierno y aprovechando información publicada por el diario El Mundo, a las 21.29 horas del 13 de marzo de 2024 (…), Álvaro García Ortiz, Fiscal General del Estado, y conociendo que se trataba del ciudadano Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, con la finalidad de ganar el relato a esa información por parte de la Fiscalía, sobre una cuestión de tan escasa relevancia como de quién había surgido la iniciativa para llegar a un acuerdo en un pacto de conformidad penal, entró en una dinámica de un frenético intercambio de comunicaciones entre distintos fiscales, principalmente a través del sistema de mensajería mediante WhatsApp para preparar una respuesta y dejar bien claro que, a juicio del investigado, la Fiscalía no había ofrecido ningún pacto de tal tipo».
En el auto, el magistrado reprocha al Fiscal General del Estado el borrado del contenido de sus teléfonos móviles cuando ya estaba siendo investigado, según recoge El Mundo. Y deja claro que estas acciones han sido «un obstáculo en contra de una ágil investigación».
