El Gobierno sigue creando empleo. Félix Bolaños, flamante Ministro de Presidencia, ha contratado un servicio de seguimiento diario de medios para monitorizar las menciones hacia su ilustre persona. El coste: 34.412 euros públicos, destinados exclusivamente al rastreo de su presencia en prensa escrita y digital; uno de los casos de manía persecutoria más caros hasta la fecha (al menos, que sepamos).
Según documentos oficiales y las informaciones publicadas por El Confidencial, la adjudicación ha recaído en la empresa Simbiu Intelligence. El contrato incluye la entrega de un informe matinal -sí, DIARIO- con titulares, extractos destacados y enlaces sobre cualquier aparición del ministro, así como un segundo dosier centrado en temas estratégicos vinculados al Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. El servicio se activa todos los días —también fines de semana— y cuenta con alertas ilimitadas sobre temas personalizados. Una suerte de algoritmo tuneado cargado directamente a las arcas públicas del Estado. Todo muy normal.
La medida, aunque parezca broma, no es inédita. En 2024, el mismo ministerio ya adjudicó un contrato de más de 44.000 euros para recibir alertas urgentes por WhatsApp sobre menciones a Bolaños en radio y televisión, con un plazo de entrega inferior a diez minutos. Tecnología punta. Esta continuidad supone la consolidación de un modelo de vigilancia centrado en el control quirúrgico de la imagen institucional del ministro. Es lo que tiene denostarse pública y continuamente; el control de daños requiere esfuerzos exhaustivos.
Desde el Gobierno se justifica la inversión como una herramienta necesaria para “monitorizar la agenda pública” y “mejorar la respuesta institucional”… ¿Es prioritaria una inversión de más de 34.000 € para el seguimiento personal de un ministro en medios? ¿Es lícito usar recursos del Estado para fines de reputación política? Las preguntas se responden solas. El uso intensivo de recursos públicos para afianzar el relato mediático añade una capa más al debate sobre los límites del poder ejecutivo y la transparencia, que no es que esté precisamente boyante.
