El departamento de Drets Socials de la Generalitat abonó entre 2016 y 2022 pagos por valor de 167,5 millones de euros que la Sindicatura de Comptes de Catalunya considera que se realizaron «indebidamente». Así lo recoge el informe elaborado por este organismo y cuyo contenido se ha dado a conocer este miércoles. De esta cantidad, «al menos 7,17 millones de euros pertenecen a expedientes prescritos«, ha asegurado la Sindicatura en su auditoría.
La Sindicatura ha analizado en este informe las prestaciones económicas de derecho subjetivo otorgadas por Drets Socials a lo largo de 2022. Estas prestaciones, ha recordado, «tienen la finalidad de atender determinadas situaciones de necesidad y se incluyen en la vigente cartera de servicios sociales». «Se financian principalmente con cargo a los presupuestos del Departamento de Drets Socials de la Generalitat, mediante créditos ampliables, y su asignación está sometida a criterios fijados por la ley», ha añadido en su explicación. Y el objetivo de la auditoría ha sido «evaluar si las prestaciones se ajustan a los principios de eficacia, eficiencia y economía, además de incorporar un enfoque propio de la evaluación de políticas públicas».
Casi el 32% del dinero es para prestaciones
La auditoría recoge que a lo largo de 2022 Drets Socials «reconoció gastos» por algo más de 3.000 millones de euros. 978,2 millones, el 31,60% del total, fueron destinados al pago de estas prestaciones. La cartera de servicios sociales cuenta con 17 prestaciones económicas de derecho subjetivo, gestionadas mediante 8 aplicaciones informáticas externalizadas a 4 proveedores, según figura en el informe de la Sindicatura, que añade: «Las prestaciones con un volumen de gasto más significativo están vinculadas a la renta garantizada de ciudadanía y a las prestaciones derivadas de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia. Representan el 43,30% y el 40,29%, respectivamente».
En sus observaciones, la Sindicatura de Comptes, además de señalar pagos indebidos, apunta que «la definición de la población elegible y de las cuantías de las prestaciones presenta carencias que limitan el acceso y la protección a personas en situación de pobreza«. Además, considera que «el mapa de prestaciones es excesivamente complejo». A esto suma que «algunos pagos presentan incompatibilidades con otras prestaciones (renta garantizada ciudadanía) y con las rentas del trabajo (prestaciones para jóvenes extutelados)». Y que «no se ha fomentado una cultura de regularidad y transparencia de las actividades financiadas con fondos públicos, ni se difunden resultados vinculados a las actividades».
Recomendaciones de la Sindicatura
El informe concluye con cinco recomendaciones de la Sindicatura de Comptes a la Generalitat. La primera es «buscar un mejor encaje entre los objetivos de la política pública, poco definidos, la normativa que determina el acceso a las prestaciones, sistemas de información y procedimientos de gestión». También recomienda «establecer un conjunto de objetivos e indicadores que vertebren la rendición de cuentas y orienten la toma de decisiones». La Sindicatura cree que es necesario «valorar promover una ventanilla única que actúe como punto de entrada único y que pueda agrupar el procedimiento y tramitación simultánea de diversas prestaciones». Y señala que hay que «revisar los actuales procedimientos administrativos e implementar medidas preventivas en la gestión de los pagos». Finalmente, subraya que hay que «exigir el reintegro con indicación de las causas de condonación o prescripción de los créditos».
