La paciencia tiene un límite. La asignación de protección policial a Leire Díez, exmilitante del PSOE y bautizada “la fontanera» por su presunta -siempre presunta, por supuesto- participación en actividades de recopilación de información comprometedora para la posterior extorsión y desacreditación de elementos no deseables -repito, presuntamente-, ha generado indignación entre los agentes. La Dirección General de la Policía accedió a proteger a Díez tras su denuncia contra el empresario Víctor de Aldama, quien irrumpió en una rueda de prensa de la exmilitante. Sin embargo, grupos de policías critican que esta medida desvía recursos de prioridades, como pueden serlo víctimas por violencia de género o testigos protegidos.
Indignación policial por la protección a Leire Díez: "No estamos para escoltar a fontaneros", vía @voz_populi
— JUPOL (@JupolNacional) June 11, 2025
El sindicato Jupol ha criticado que la 'fontanera' sea protegida por escoltas pese a no tener en vigor ninguna medida cautelar.https://t.co/mW56cvR6IE @josesanchezrec
El caso de Díez es polémico y en consecuencia dado a este tipo de tensiones. Investigaciones de El Confidencial han revelado una presunta célula dentro del PSOE dedicada a recopilar datos sobre jueces, fiscales y periodistas incómodos para el Gobierno. A pesar de las denuncias, el PSOE niega cualquier implicación, pero ha abierto un expediente informativo tras la presión mediática, sin tomar medidas cautelares. Un ni para ti ni para mí que ha encendido a más de uno.
JUPOL, el sindicato que ha alzado la voz, lo tiene claro: el caso de Díez es un ejemplo de un sistema de escoltas «sobredimensionado» y «alejado de los estándares europeos», reservando recursos para figuras políticas menores en lugar de situaciones de riesgo real. Por si alguien tenía dudas; no, no todos somos iguales ni optamos a los mismos recursos. Este hecho exacerba la desigualdad en la asignación de recursos policiales. No quedan muchas dudas sobre el uso de los recursos para la seguridad pública.
