La Unión Progresista de Fiscales (UPF) ha denunciado, a través de un comunicado público, que la causa penal contra la Fiscal Jefa Provincial de Madrid y el Fiscal General del Estado “nunca hubiera debido iniciarse”. Desde la asociación lamentan la “inexistencia de garantías”, así como la apertura de un juicio “porque el juez tenga la convicción de una autoría ‘porque sí’”. Además, también acusan al Magistrado Instructor de dedicar “53 páginas a dar vueltas y más vueltas sobre sospechas y elucubraciones”, y trasladan a Álvaro García Ortiz todo su “apoyo, afecto y solidaridad”.
Parón
No obstante, más allá de las consideraciones de la UPF, esta mañana jueces y fiscales han unido sus fuerzas realizando un parón de 10 minutos, desde las 12:00 horas. A la protesta se han adherido todo este conglomerado de asociaciones: La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), el Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF).
Exigencias
En un comunicado conjunto, leído en multitud de sedes judiciales del Estado, han pedido la dimisión de García Ortiz y expresado su absoluta disconformidad con las dos reformas que acechan al Poder Judicial: la modificación de los criterios de acceso a las carreras judicial y fiscal, y el traslado de funciones de instrucción penal a los fiscales de forma generalizada.
Las entidades que aglutinan a la mayoría de jueces y fiscales de España han exigido el cese del “ataque continuo” al Poder Judicial. Tampoco ven con buenos ojos que la reducción de barreras de entrada, en materia de contenidos, a las carreras judicial y fiscal. “No queremos rebajar la excelencia de conocimientos”, han enfatizado. Y mucho menos suscriben la reforma del estatuto orgánico del Ministerio Fiscal, ya que grada al alza las competencias del Fiscal General del Estado, un cargo nombrado a dedo por el Gobierno de la Nación.
Advertencia a Bolaños
Desde el conjunto de asociaciones que hoy han secundado el parón, no descartan futuras acciones contra la Ley Bolaños. “Somos conscientes de lo que nos jugamos y que, por ello, y dado que no nos dejan elección, seguiremos impulsando todas aquellas actuaciones que consideremos necesarias […] para defender la independencia del Poder Judicial”, han recalcado. Parece que, atendiendo a la negativa del Secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo, el siguiente paso que resta a jueces y fiscales es la huelga.
