La okupación alcanza nuevas cotas de absurdidad. Un vecino de Reus vive desde hace más de tres años una situación infernal más propia de una sátira jurídica que de la realidad. Su vivienda -estamos hablando, por cierto, de un pequeño tenedor- está okupada por una familia que firmó un contrato de alquiler en 2019 y dejó de pagar en 2021. Desde entonces, permanecen en el inmueble sin abonar un euro, mientras él continúa pagando una hipoteca de 1.260 euros mensuales.
📌 L'Ajuntament de Reus diu que no pot fer res per la casa ocupada que s'anuncia a Booking
— RAC1 (@rac1) June 11, 2025
👉 El consistori va declarar vulnerable la família que hi viu i ara diu que no pot saber si les dades en què es van basar són falseshttps://t.co/ta40Twixbu
La situación de los okupas no es precisamente de inseguridad económica, aunque así lo acrediten documentos oficiales. El Ayuntamiento de Reus emitió un informe de vulnerabilidad para la familia ocupante basándose únicamente en los ingresos de uno de sus miembros, pero las pruebas documentales demustran un alto nivel de vida gracias a otros ingresos obviados por el consistorio. Un trabjo, como siempre, excepcional. Según los Servicios Sociales, que no pueden actuar ante un núcleo familiar oficialmente vulnerable, la normativa no les permite investigar si esa información es falsa o incompleta. El Síndic de Greuges ha respaldado esa interpretación.
El caso, de por sí delirante, se agrava por un hecho insólito: los ocupantes han estado alquilando la casa en Booking como alojamiento turístico, obteniendo beneficios económicos con una propiedad ajena. Las reseñas del anuncio en la plataforma así lo confirman. Y aún más increíble: la Agencia Tributaria ha multado al propietario con 5.000 euros por no declarar esos ingresos, que jamás ha percibido.
A pesar de las numerosas denuncias, Joaquim, el propietario, sigue sin fecha de juicio tras más de dos años de espera. Mientras tanto, ha documentado actividades que evidencian un alto nivel de vida: el padre trabaja como agente inmobiliario, los hijos acuden a actividades extraescolares, han instalado una piscina de 9.000 litros en el jardín, e incluso están afiliados a un club de golf.
“Se premia al que incumple y se castiga al que cumple con la ley”, denuncia con acierto Joaquim, atrapado entre una justicia lenta e inepta, una administración pasiva y manifiestamente deficiente -el Ayuntamiento se desentiende- y una rocambolesca e indignante situación que vulnera la seguridad jurídica del ciudadano, el derecho a la vivienda y la protección del pequeño propietario. Este caso enciende alarmas. Figuras legales destinadas a proteger a los más vulnerables pueden ser instrumentalizadas para mantener situaciones abusivas, mientras el sistema permanece paralizado.
