Unos 40 ex altos cargos del Govern y varios empresarios procesados por el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 han logrado borrar su historial ante la Justicia gracias a la aplicación de la Ley de Amnistía. Según recogen varios medios, la Fiscalía había pedido este perdón para todos los acusados salvo en los casos del exsecretario general del Diplocat, Albert Royo, y su predecesora en el cargo, Roser Clavell. La Audiencia Provincial de Barcelona ha propuesto que ambos sean juzgados por el delito de prevaricación.
Para los ya amnistiados, no obstante, aún no ha acabado el calvario pues todavía tienen pendiente la causa abierta por el Tribunal de Cuentas, que le reclama el pago de 3,4 millones de euros por los gastos que conllevó la celebración del referéndum ilegal y la promoción del procés en el exterior. Precisamente, esto es lo que, en virtud de la ley de amnistía, ha quedado borrado de su historial penal. Será ahora el Tribunal de Justicia de la UE el que decida si la amnistía puede también aplicarse en el caso del Tribunal de Cuentas.
Felicitación de Junqueras
Entre quienes han mostrado su alivio por la decisión judicial se encuentra uno de los líderes del procés, el republicano Oriol Junqueras, presidente de ERC, que ha denunciado «el coste emocional, familiar, económico y de tiempo robado» que ha tenido para los amnistíados todo el proceso judicial, que comenzó en 2017.
Más represión
Alegría ha mostrado también la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, indultada por el Gobierno de Sánchez tras ser condenada por la organización del referéndum ilegal. Forcadell ha lamentado, sin embargo, que Royo y Clavell aún se mantengan como procesados y ha añadido que «la represión continúa».
