La corrupción política incluye una gran variedad de fórmulas que van desde la adjudicación de obras y servicios a determinadas empresas, con el fin de engrosar las cuentas B de la organización política responsable de la licitación, a la contratación de personal espurio en la Administración, organismos autónomos y empresas públicas, bien aumentando el número de asesores bien creando puestos a ocupar por las personas elegidas por el político responsable del organismo. En adición a los beneficios políticos obtenidos con esas prácticas, como acceder a puestos de mayor ‘responsabilidad’ dentro de la propia organización, lo normal es que quienes las protagonizan y corren el riesgo de ser pillados con las manos en la masa no dejen pasar la oportunidad de recibir una comisioncita personal en contraprestación por sus arduas labores de intermediación.
En rigor, la corrupción política debería incluir no sólo los claros casos arriba mencionados, sino otras fórmulas indirectas como la concesión de prebendas a otros partidos contrarias al interés general, las subvenciones injustificadas a empresas, incluida la publicidad institucional a medios de comunicación para asegurarse su respaldo, o el desvío de recursos públicos para realizar operaciones dirigidas a desprestigiar a los líderes y partidos rivales. Puede decirse que el grado de corrupción política es normalmente proporcional a la dimensión de las Administraciones Públicas, de ahí el interés de los partidos políticos en ampliar el radio de acción del poder ejecutivo para corromper y ser corrompido, e inversamente proporcional a la independencia de las instituciones que en las democracias constitucionales actúan como contrapesos del poder ejecutivo: los poderes legislativo y judicial, en primer lugar, y las instituciones internacionales, nacionales, regionales y locales encargadas de vigilar y hacer cumplir la legalidad administrativa, en segundo lugar. Cuando estos contrapesos fallan, la corrupción campa por sus respetos.
En mi artículo de hace un par de semanas (“Un gobierno tramposo y corrupto”) expliqué por qué este gobierno es el más tramposo y corrupto desde el inicio de la democracia y debería ser desalojado por mera higiene democrática, y dejé muy claro que mi posición no obedecía a una afinidad ideológica con el PP o Vox. A todos los gobiernos desde 1978 se les pueden sacar muchas pegas por sus incumplimientos de programa, la ineptitud en la gestión de las crisis o las tramas de corrupción que agotaron su credibilidad, pero con los gobiernos de Sánchez hemos pasado a un nuevo estadio: no reconocen sus incumplimientos ni la corrupción que afecta de lleno al partido y al entorno de Sánchez, sacan pecho de la contundencia con que las han abordado, utilizan de forma torticera las instituciones del Estado (Consejo de Ministros, Tribunal Constitucional, la Fiscalía General y la Abogacía del Estado) para confundir a los ciudadanos y cuentan con la complicidad de sus socios de gobierno (Sumar, Podemos, ERC, Junts, EH Bildu y PNV) para distorsionar los hechos penales investigados, rebajados a la categoría de bulos, y atacar a los jueces y fiscales y a la policía judicial por investigar delitos inexistentes. Con alguna excepción, la hibridación con bulos, desinformación y desprecio a la división de poderes han transformado el PSOE en un rebaño de borregos anestesiados.
Los límites de la corrupción
La corrupción está haciendo mella más lentamente de lo que uno pudiera esperar en la credibilidad del PSOE. Lo achaco a dos circunstancias. Primera, Sánchez, sus ministros y el PSOE disponen de infinidad de altavoces para contrarrestar las noticias negativas y difundir el férreo argumentario con el que Moncloa ha intentado desactivar las informaciones negativas que han ido aflorando a lo largo de esta legislatura. La estrategia ha sido inequívoca: negarlo todo y rebajar a la categoría de bulos las investigaciones que estaban desvelando la corrupción de los más cercanos colaboradores de Sánchez. En los últimos días, hemos escuchado atónitos a varios ministros (Montero, López, García, y Puente) y a la campechana ministra portavoz del gobierno hacerse eco de un bulero profesional, al parecer en nómina de un ente público, que difundió la existencia de un complot para asesinar con una bomba lapa -operativo marca de la casa de sus socios batasunos, por cierto- para acabar con la vida del presidente Sánchez.
Ninguno de ellos se ha retractado del ‘error’ tras conocerse que era un antiguo exagente de la Unidad Central Operativa (UCO) quien, en una conversación mantenida con un confidente de la unidad de la Guardia Civil encargada de investigar varios casos de corrupción que afectan a Sánchez y a su PSOE, mencionó en tono distendido que eso podría ocurrirle a él, no al presidente Sánchez. Buena prueba de la estrategia negacionista seguida por este gobierno y la cúpula del PSOE es la contundencia con que defendían la inocencia de Santos Cerdán y ponían las manos en el fuego por él hasta hace unas horas. No se quedaban muy atrás los principales medios de comunicación afines al régimen en su intento de rebajar la gravedad de la noticia: el País (de Alicia) despachaba el asunto con un lacónico “La UCO implica a Santos Cerdán en un supuesto cobro de comisiones” y La Vanguardia (cubriendo siempre la retaguardia) “El número tres del PSOE niega el cobro de comisiones que le atribuye la UCO”. (Subrayados míos.)
La segunda razón que explica la ausencia de un rechazo más contundente de los ciudadanos es que cuando el PSOE desconfía en poder ganar jugando limpiamente embarra el terreno de juego y lleva el partido a una pelea cuerpo a cuerpo. La mayoría de los casos de corrupción a los que el gobierno de Sánchez recurre una y otra vez en el Congreso se remontan a bastantes años atrás y el caso de una presidenta de la Comunidad Autónoma al que Sánchez se refirió durante su comparecencia para pedir perdón en la sede del PSOE, no es tal puesto que el presunto fraude fiscal de la pareja sentimental de Ayuso es ajeno a su labor como presidenta madrileña. Es cierto que algunos líderes del PP en los gobiernos de Aznar fueron juzgados y condenados por los tribunales, tan cierto como que otros fueron exculpados y nadie les ha pedido perdón por el daño causado.
También es cierto que la Audiencia Nacional condenó al PP “como partícipe a título lucrativo por los actos electorales que sufragaron las empresas del grupo Correa en las localidades de madrileñas de Majadahonda y Pozuelo de Alarcón”, una condena, todo sea dicho, de naturaleza (diga lo que diga Sánchez) muy distinta a la condena de los presidentes Chaves y Griñán y decenas de altos cargos del PSOE andaluz en la trama de malversación multimillonaria organizada desde la Junta de Andalucía. Pero a muchos ciudadanos les basta con saber que el PP también ha estado envuelto en casos de corrupción para hacerles desistir de retirar su apoyo a Sánchez y éste es muy consciente de que embarrar el terreno y dar patadas y sacar en procesión a Franco son las únicas bazas con que cuenta para mantener el precario suelo electoral del PSOE-PSC que apenas ha sobrepasado los 120 diputados.
Hace falta un paso adelante
Pocos ciudadanos creen que el presidente Sánchez no se enteró hasta la mañana del 12 de junio de 2025 de las andanzas de dos de sus más cercanos colaboradores en el partido, en el Congreso y en el gobierno. Como decía en mi artículo de hace dos semanas, Sánchez no se ha aplicado a sí mismo el Código 2017 que empleó para justificar la moción de censura, con San Ábalos ejerciendo de portavoz de la limpieza socialista, que puso fin a la presidencia de Rajoy el 1 de junio de 2018. Ahora, se limita a excusarse en la ignorancia y pedir perdón. Pero como él mismo le reprochó a Rajoy en 2014 “al Congreso no se viene a pedir perdón, sino a dar explicaciones, rendir cuentas y asumir responsabilidades”. En esta trama de corrupción, la responsabilidad política al menos corresponde al número uno y su permanencia al frente del ejecutivo sólo puede prolongar la agonía y multiplicar el deterioro institucional que ha causado desde su investidura.
Que nadie espere reacciones desinteresadas de Sumar, Junts, ERC, PNV y EH Bildu porque están encantados con Pedro Sánchez y lo están tanto más cuanto mayor es su debilidad política y parlamentaria. Ahora es precisamente el momento de apretarle las tuercas porque su extrema debilidad les asegura obtener casi todo lo que le pidan. Nada teme más Sánchez que perder la presidencia del gobierno, hoy por hoy su única esperanza, aunque quizá ilusoria, de no acabar, como Ábalos y Santos Cerdán, sentado en el banquillo. Lo dejó muy claro ayer: no piensa apearse del Falcón antes de 2027 y está dispuesto a utilizar todas las palancas del gobierno para evitar lo que parece inevitable. A ver si García Page, Lambán, Madina, Redondo, González, Guerra, Vázquez y tantos otros socialistas se atreven a dar un paso adelante para evitar que Sánchez arrastre también en su caída arrastre al PSOE. Y a ver también si los líderes del PP se mojan algo y avanzan propuestas serias de regeneración para dejar atrás esta pesadilla.
