Nuevo percance legislativo. En medio de la mayor crisis de legitimidad del Gobierno sanchista, propiciada por una avalancha de casos de corrupción que involucran presuntamente al propio Partido Socialista, Junts per Catalunya, engranaje indispensable para el sustento de la mayoría parlamentaria de Gobierno, ha venido a recordarnos la qué hasta hace poco -ahora prima el debate sobre higiene democrática– era la mayor tara del Ejecutivo; su incapacidad legislativa. Un Gobierno en minoría conformado por una mayoría ideológicamente tan atomizada que en dos años no nos ha brindado ni siquera presupuestos; elemento fundamental para el normal desarrollo de la legislatura y acción ejecutiva.
El varapalo se lo lleva hoy una de las iniciativas estrella de la minoría progresista -me disculparan que emplee el término númericamente correcto-, la reducción para la jornada laboral a 37,5 horas semanales en el sector privado. El texto ha sido avalado por los sindicatos estatales UGT y CCOO, generando por contra el rechazo frontal de las patronales, como CEOE y Cepyme, y ahora también de Junts, que se alinea con las demandas de las pequeñas y medianas empresas catalanas.
Junts lo tiene claro: la reforma «ignora las especificidades del tejido económico catalán», formado mayoritariamente por PYMES y autónomos. Se cuestiona además -y con acierto- que el Ministerio de Trabajo haya negociado exclusivamente con los sindicatos estatales, sin tener en cuenta la patronal ni actores económicos y sociales catalanes. Exigen que cualquier reforma laboral de este calado se negocie a través de convenios colectivos sectoriales, de forma gradual y con flexibilidad adaptativa.
La enmienda a la totalidad es un revés casi mortal para el Gobierno. Si PP y Vox se suman a la iniciativa de Junts, el proyecto caerá por completo y tendría que reiniciarse desde cero. A pesar de ello, Yolanda Díaz mantiene su -impostada- voluntad de diálogo y desde UGT se muestran «optimistas ante la posibilidad de introducir ajustes que convenzan a Junts», especialmente en lo que respecta a la gradualidad. Quizás deberían haberse ahorrado el insulto a los de Puigdemont.
La votación de las enmiendas se prevé para finales de junio o principios de julio. Mientras tanto, el Ejecutivo no descarta aplicar por decreto medidas como el registro horario o la desconexión digital, aunque la reducción de jornada quedaría paralizada si no prospera el proyecto. Esta nueva fractura legislativa refleja, de nuevo, la fragilidad del Gobierno, hecho con chapucería y prisas y con manifiestas incompatibilidades ideológicas dentro de su mayoría parlamentaria.
