Malas noticias para el PSOE. El Tribunal Constitucional se reafirma hoy por unanimidad en su sentencia del 12 de junio, en la que desestimó el conflicto de competencias planteado por el Gobierno -socialista- contra el Senado -de mayoría conservadora- en relación con la proposición de ley del Partido Popular para derogar el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. La resolución supone un toque de atención jurídico notorio para el Ejecutivo sanchista y una victoria parcial PP y su causa contra el gravamen de la muerte.
Sentencia | El Tribunal Constitucional desestima por unanimidad el conflicto planteado entre el Gobierno y el Senado sobre la derogación del impuesto sobre sucesiones y donaciones https://t.co/kr2YkBkwQE pic.twitter.com/Dq1xc1lQHz
— Tribunal Constitucional de España (@TConstitucionE) June 19, 2025
El conflicto, rocambolesco pero no menor, se originó cuando el Gobierno invocó el veto presupuestario recogido en el artículo 134.6 de la Constitución para intentar bloquear la tramitación de la iniciativa en el Senado para acabar con el impuesto. ¿El motivo? Su aprobación afectaría negativamente a los ingresos públicos, y el gasto no se toca señores. El Tribunal Constitucional, sin embargo, rechaza ahora este argumento y avisa a Sánchez que se excedió, y no poco: el veto solo puede aplicarse a iniciativas que tengan impacto directo en el presupuesto vigente en el momento de su presentación y no a futuros ejercicios. Como saben, la frágil situación de mayoría parlamentaria en el Congreso hace que llevemos 2 años sin presupuestos, por lo que no hay cuentas sobre las que aplicar el artículo. Además, descarta la posibilidad de justificar un veto en base al denominado “efecto anuncio”, es decir, la anticipación de comportamientos económicos antes de la entrada en vigor de la norma. Tampoco hacía falta ser jurista.
El rapapolvo no es menor. Para el Gobierno, el fallo supone un límite claro a su capacidad de intervención sobre las iniciativas legislativas de la oposición. La sentencia establece doctrina: no se puede extender el alcance del veto más allá de lo estrictamente previsto por la Constitución -sorpresa-. Para el Partido Popular, en cambio, se trata de una validación institucional de su iniciativa, pero no garantiza su éxito parlamentario: la derogación del impuesto deberá ser aprobada en el Congreso, donde no cuenta con mayoría suficiente sin apoyos adicionales.
