Entre los lugares registrados este viernes por orden del Tribunal Supremo se encuentra la sede de Adif, el ente público que gestiona la red ferroviaria española. El Alto Tribunal ha reclamado información sobre cinco adjudicaciones, entras las que se encuentran la de las «obras de ejecución del proyecto de construcción de la integración del ferrocarril en Sant Feliu de Llobregat (Barcelona) por un importe inicial de 51.760.263,99 euros, ampliándose hasta los 62.026.420,15 euros«.
Así figura en el auto emitido por el Tribunal Supremo y que ha dado a conocer el ministro de Transportes, Óscar Puente, en su perfil de X. El socialista, en varios mensajes, ha asegurado que lo sucedido hoy no es un registro judicial sino una simple petición de documentación.
«Nadie ha registrado el ministerio, ni Adif, ni Ferraz, ni la dirección general de carreteras», ha tuiteado Puente, «han pedido un email para copiarlo, los expedientes de 5 contratos en Adif y de 6 contratos de la DGC. Y no es la primera vez. Las entradas y registros son otra cosa». En otro mensaje, ha añadido que es necesario «ilustrar a los buleros y a la caterva de fachas ignorantes que entran aquí a insultar».
