Pedro Sánchez apura sus opciones en la Moncloa mientras su círculo más próximo empieza a asumir que el sueño de completar la legislatura se desvanece. También sus socios de investidura, que ven como el tiempo se les escurre entre los dedos sin haber podido hacer realidad esa célebre frase con la que Carles Puigdemont quiso marcar el inicio del mandato: “aquí se cobra por adelantado”.
Pero lo cierto que cobrar, lo que se dice cobrar, han cobrado más bien poco, por lo menos los independentistas catalanes. Los mismos que exacerban cada pacto de investidura como si hubieran arrancado tres muelas y un colmillo al PSOE, para volver a reclamar lo mismo año tras año. El Congreso aprobó la amnistía, pero el perdón no ha llegado a los más interesados en él para recuperar su carrera política: el propio Puigdemont y Oriol Junqueras. Tampoco se atisba catalán en Europa, o una nueva financiación singular para Cataluña. Mientras, los escándalos acechan a un Gobierno socialista que tiembla cada mañana ante las nuevas revelaciones entorno a la corrupción organizada por Santos Cerdán.
Lo reconocía de modo plástico Gabriel Rufián el pasado miércoles, tras una explosiva sesión de control en el Congreso en la que el republicano se convirtió en blanco de la más dura respuesta de Sánchez. El presidente está “tocado”, afirmaba. Y concluía habrá que “aprovechar el tiempo que le quede” a la legislatura, “pase lo que pase para intentar dejarle en la mejor posible una vida digna a la gente”. Esto es, para arrancar nuevas cesiones al Gobierno antes de que caiga. Preferiblemente en materia de vivienda.
Porque en Esquerra -como en Junts, el PNV o Bildu, aunque no lo digan tan claramente- saben que cuando gobierne el PP “nos vamos al carajo todos”.
En plena implosión de su arquitectura de poder, Sánchez no puede afrontar el más difícil de los problemas políticos por resolver en la España autonómica, la financiación de las comunidades.
Este mismo jueves, caprichos del calendario, llegaba el primer cobro, en forma de acuerdo sobre la empresa Rodalies Catalunya, futura gestora de los trenes de cercanías y regionales en Cataluña bajo batuta de la Generalitat. Era uno de los compromisos adoptados por el PSOE tanto en la investidura de Sánchez como en la de Salvador Illa. Una promesa que apenas echa a andar, con el compromiso de tener la empresa constituida el 1 de enero de 2026. Y con sus promotores cruzando los dedos para que el inquilino de la Moncloa siga siendo Pedro Sánchez entonces.
Rodalies era la gran esperanza de los republicanos, que reconocen en público y en privado que en materia de financiación -su otra gran reivindicación- las negociaciones están muy verdes. Tanto, que en ERC ya se emplazan a septiembre, olvidando la promesa de una primera propuesta que debía hacerse pública antes del 30 de junio. Es decir, durante la próxima semana. No será así.
En plena implosión de su arquitectura de poder, Sánchez no puede afrontar el más difícil de los problemas políticos por resolver en la España autonómica, la financiación de las comunidades. Pero el presidente del Gobierno debe saber que lo que resta de legislatura será una sucesión socios vestidos de cobradores del frac llamando a la puerta de la Moncloa para preguntar qué hay de lo mío.
Entre las “carpetas pendientes”, por adaptarnos al léxico de los interesados, figura en primer lugar esa financiación singular para Cataluña en la que ya pocos confían. Pero también la exigencia de Junts de una reunión con Puigdemont que rehabilite definitivamente, en términos políticos, al president fugado. También ese reconocimiento del catalán en las instituciones de la Unión Europea por la que tan denodadamente ha trabajado el ministro Albares -o eso parecía-.
Ese calendario cruel tiene aún otra fecha clave en los compromisos de Sánchez con sus socios catalanes: El 27 de junio. Ese día, el Tribunal Constitucional debe hacer público el primer dictamen sobre la Ley de amnistía. El próximo viernes es también la fecha límite para que el Gobierno fije posición sobre la OPA del BBVA al Banc Sabadell, cuestión crucial para todas las fuerzas políticas catalanas, desde el PSC a Junts, pasando por ERC, Comuns, o el mismo PP.
He ahí una de las facturas que los socios de investidura intentarán cobrarse antes de que el Gobierno de Sánchez colapse. Sánchez lo fía todo a aguantar hasta otoño, a la espera de la sentencia de la Kitchen que permita recordar la corrupción en el PP. Pero pocos confían en que llegue hasta entonces.El 5 de julio, solo una semana después, el Comité Federal del PSOE se reunirá para debatir la crisis abierta por Cerdán. Y ahí, los líderes territoriales reclamarán medidas para que Sánchez no vuelva a arrastrar en su caída a los candidatos autonómicos y municipales. Esto es, elecciones antes de 2027.
