No ha sido un crimen común. Ha sido un mensaje. Así lo interpretan los 37 exmandatarios que integran el Grupo IDEA, acusando al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo de haber exportado la represión política más allá de las fronteras nicaragüenses.
¿La víctima? Roberto Samcam, mayor retirado y férreo crítico del gobierno, ha resultado asesinado en suelo costarricense, un territorio que hasta ahora se había considerado refugio seguro para el exilio centroamericano pero que se demuestra ahora igualmente peligroso.
“El continente ha presenciado cómo el régimen de Managua ha arrebatado nacionalidades, ha secuestrado disidentes y ahora ha cruzado fronteras para silenciar voces”
Los firmantes –exlíderes mundiales del mundo hispanohablante– han denunciado la existencia de una “criminalidad transnacional” que pone en jaque los derechos fundamentales y vulnera la soberanía de los Estados de acogida. También han reclamado que la justicia costarricense actúe con celeridad y profundidad para identificar tanto a los autores materiales como a los intelectuales, aunque hay más bien pocas dudas sobre la autoría de los hechos.
Se exige a su vez que la Corte Penal Internacional y la Organización de los Estados Americanos dejen de mirar hacia otro lado y asuman responsabilidades ante una ola de persecuciones que ha recordado los peores años del autoritarismo latinoamericano.
El asesinato de Samcam no debe quedar impune ni convertirse en un precedente de silencio. “La región ha llegado a un punto de inflexión: o se protege a los exiliados o se normaliza la persecución sin fronteras”.
